La Cámara de Diputados dio luz verde al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de Ley Aduanera, para impulsar la modernización, la inversión en infraestructura y la incorporación de mejores prácticas y procesos en las aduanas del país.

El Pleno lo aprobó, en lo general, con 307 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones; y en lo particular, luego que se aprobó una reserva, con 292 votos a favor, 32 en contra y ocho abstenciones.

El documento, dictaminado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Esta iniciativa surgió de seis iniciativas que presentaron, por separado, el diputado Carlos Iriarte Mercado y la diputada Ana Guadalupe Perea Santos en enero y marzo de este año, respectivamente.

Al fundamentar el dictamen, en tribuna, la legisladora Alejandra Iturbe Rosas dijo que los integrantes de la Comisión coinciden en la impostergable necesidad de buscar las condiciones para modernizar, simplificar, agilizar, facilitar y coordinar los procedimientos comerciales.

Lo anterior, comentó, con el objetivo de incidir positivamente en la competitividad, el intercambio ágil y la seguridad de las fronteras, impidiendo las actividades ilícitas de agentes externos.

Apuntó que la reforma establece una plataforma robusta que permitirá enfrentar los retos que se presenten con la celebración de tratados de libre comercio y la globalización de los mercados, con la cual el Estado mexicano pueda controlar, supervisar y fiscalizar adecuadamente las operaciones de comercio exterior.

“Para ello se busca la utilización de nuevas y mejores tecnologías, flexibilización de procesos, aclaración y precisión de obligaciones de los diversos actores de comercio exterior, el fortalecimiento de los regímenes aduaneros existentes y de los beneficios a las empresas certificadas y confiables para las autoridades aduaneras”, externó.

Además, se plantean nuevas figuras que permitirán detonar la competencia en los servicios logísticos intermedios de procesamiento electrónico de datos, manejo, almacenaje y custodia, con objeto de aumentar la oferta de proveedores que puedan incidir en menores costos a los importadores y exportadores de mercancías.

Se realizan reformas a las disposiciones que regulan las responsabilidades de los importadores y exportadores, así como las sanciones correspondientes.

También se da claridad a los actos de la autoridad, con lo que se gana certeza jurídica en beneficio de la operación de los agentes aduanales y la viabilidad de sus inversiones y de la de sus clientes.

Por su parte, José Teodoro Barraza López, quien preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expresó que con estas modificaciones se impulsa la modernización de esos recintos, ya que manejan 60% del comercio en el país, y es necesario dotarles de mecanismos ágiles que, además, contribuyan a reducir la evasión fiscal y la subvaluación de los bienes que ingresan al país.

Se amplía la posibilidad de aumentar el número de participantes para procesar la introducción y salida de mercancías del país, detalló.

Asimismo, explicó que hay limitantes sobre la participación de agentes y el número de aduanas con las que pueden operar, que máximo son cuatro, y eso va en su detrimento, por lo que la reforma permitirá que una agencia aduanal pueda desplegar una mayor capacidad logística.

Respecto de los plazos que tiene la autoridad para emitir las resoluciones cuando detecta alguna mercancía subvaluada, o alguna irregularidad, establece lapsos y métodos para que el contribuyente acredite el ingreso legal al país.

Además, da certidumbre a los agentes aduanales sobre sus patentes, “y si hacen mal uso de ella, si son observados con alguna irregularidad, si los tiempos remiten a dos incidentes en dos años, la autoridad podría cancelar y revocar la concesión”.

Entre otros puntos, se plantea establecer que los particulares que cuenten con autorización para prestar servicios de manejo, almacenaje custodia de mercancías puedan realizarlo si cuentan con un inmueble colindante con el recinto fiscalizado.

Acota incidencias a determinados plazos para proceder a la revocación de concesiones o cancelación de autorización en la prestación de los servicios de manejo y almacenaje y custodia de mercancías. También prevé la emisión de un gafete electrónico para ingresar a recintos fiscales inspeccionados.