La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), recomendó al Gobierno del Estado de Tlaxcala y a su Congreso Local revisar la Ley de Comunicaciones y Transportes (LCT) de la entidad, su respectivo Reglamento así como el Decreto que suspende indefinidamente el otorgamiento de nuevas concesiones y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros (DECRETO), con objeto de promover la competencia y libre concurrencia en los diversos mercados del transporte público en el Estado.

La COFECE sugiere eliminar la suspensión indefinida impuesta por el DECRETO que ha impedido desde 1999 el otorgamiento de nuevas concesiones y autorizaciones para prestar el servicio público de pasajeros, el cual constituye una barrera insorteable a la entrada de nuevos agentes que podrían generar presiones competitivas sobre los actuales prestadores del servicio.

Propone utilizar esquemas pro-competitivos para la asignación de concesiones en ciertas modalidades conforme a parámetros técnicos (considerando por ejemplo que la LCT establece que las concesiones se otorgan a petición de los interesados “cuando resulte necesario” de acuerdo a una declaración del Ejecutivo estatal).

Así mismo aplicar regulación tarifaria en el transporte público de pasajeros conforme un análisis técnico-económico en caso de que las circunstancias así lo ameriten; en lo que se refiere al transporte de carga, flexibilizar el régimen de entrada y considerar una regla de libertad tarifaria.

También eliminar ventajas indebidas y criterios de preferencia, en particular para obtener concesiones de que gozan “los tlaxcaltecas por nacimiento, los mexicanos con residencia de más de un año en el Estado y las sociedades mexicanas registradas en Tlaxcala”, así como la posibilidad de reexpedirlas en favor de los familiares del concesionario fallecido.

Y limitar el alcance de diversas facultades discrecionales y conceptos indeterminados tratándose del otorgamiento, cancelación y modificación de concesiones y autorizaciones, los cuales generan condiciones de incertidumbre jurídica e inhiben la entrada (por ejemplo la declaratoria de existencia de necesidad pública de los servicios de transporte y su satisfacción, la realización de estudios para fijar tarifas y la aplicación de sanciones con motivos de “competencia desleal”).

Cabe señalar que como parte de las acciones planteadas en el Programa Anual de Trabajo 2015, la COFECE analiza los marcos jurídicos vigentes en distintos órdenes de gobierno. Como parte de este esfuerzo, actualmente está identificando barreras a la competencia en el ámbito local en distintos sectores y áreas de la actividad económica, incluyendo los servicios de transporte público. Derivado de lo anterior, la COFECE seguirá emitiendo opiniones con el objeto de promover la competencia a nivel local.