Con el objetivo de disminuir de tres meses a 45 días naturales los tiempos de venta de vehículos en situación de abandono, la Comisión de Transportes analiza un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales a que modifiquen su legislación sobre la guarda y custodia de las unidades que ingresan a los depósitos a causa de infracciones.

La modificación a la normatividad podría traer beneficios como la reducción de costos administrativos y de almacenamiento, desalojo de los depósitos, reutilización de unidades para el bien común de la localidad o subasta pública avalada por un consejo ciudadano, entre otros.

“Esta propuesta sería aplicable solo en los casos en los que el dueño o representante legal no se presente, que en 45 días naturales no logre comprobar la propiedad del vehículo o que se encuentre en algún proceso legal o administrativo para su retiro”, detalló la diputada María Verónica Agundis Estrada, promotora de esta iniciativa.

Sugirió clasificar las unidades en vehículos aptos para circular y chatarras. El objetivo, obtener las mejores condiciones económicas de valor estimado, que aporten al erario público en favor de las localidades. Los fondos recaudados podrían ser utilizados para la adquisición de camiones recolectores de basura, patrullas, ambulancias o carros de bomberos.

Con las unidades consideradas chatarra, se podrían realizar convenios, a través de empresas recicladoras debidamente certificadas, de comercialización de fierros, plásticos, aluminio, baterías, piezas automotrices y llantas, evitando así conflictos en ventas directas de posibles vehículos robados.

Aseguró que los depósitos vehiculares enfrentan grandes problemas de hacinamiento, deterioro, pésima infraestructura, personal insuficiente, inseguridad, condiciones insalubres, saturación de espacios y apilamiento de automotores.

Tal situación, dijo, también tiene que ver con la corrupción existente en las policías locales, pues en algunos casos, los altos mandos de las corporaciones obligan a los oficiales a remitir e ingresar a los “corralones” de dos a seis vehículos por día.

Resaltó que en el Código Administrativo del Estado de México, el abandono es declarado a los tres meses de la notificación, a excepción de los que se encuentren en proceso judicial; el mismo caso aplica para el municipio de Puebla, en el artículo 162 Bis del Código Fiscal y presupuestario, y así sucesivamente en diferentes órdenes jurídicos de muchos ayuntamientos del país.

La sobresaturación de los corralones, señaló, trae consigo varios factores negativos como costos administrativos de entre 40 y 50 pesos diarios por unidad, contaminación ambiental y visual, riesgos sanitarios por acumulación de basura y agua estancada que crean mosquitos, roedores y otras especies dañinas para la salud.

Además, podrían darse posibles siniestros al contener combustibles y aceites flamables, sin dejar de lado el deterioro de los vehículos por el paso del tiempo y la rapiña ilegal que genera cuantiosas ganancias.