La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) impulsa la creación de un fondo nacional, que sea integrado con los recursos del impuesto a los combustibles y destinarlo a la renovación de la flota de transporte público urbano.
El organismo, que lidera Miguel Elizalde, señala que el aumento en el precio de la gasolina y el diesel exige modernizar los autobuses urbanos de pasajeros a fin de aminorar en los concesionarios el impacto del gasolinazo.
“La renovación del transporte público, primero, mejora la calidad del servicio para los usuarios. Segundo, mejora el esquema de costos de los transportistas (…) Es por eso que se necesita financiamiento y subsidio para renovar la flota”, explicó Elizalde.
“Creemos que la unión de varios esquemas (de apoyo anunciados por el Gobierno federal) en un fondo, con reglas claras, ayudaría realmente a planear la renovación vehicular del transporte urbano de todo el país”.
Al convocar a organizaciones civiles, líderes de la iniciativa privada y autoridades estatales al Encuentro Nacional de Autoridades de Transporte, la ANPACT señaló que la compra de nuevas unidades reduce el consumo de diesel, disminuye las emisiones contaminantes y se incrementa la seguridad vial, lo que, en conjunto, beneficia a toda la sociedad.
Explicó que un autobús de 15 o 20 años de antigüedad puede gastar el doble del combustible que una unidad reciente. En el país, indicó, se consumen 52 millones de litros de diesel automotriz diariamente.
Por ahora, dijo, no tienen un estimado del porcentaje del impuesto a la gasolina que se requiere para formar el fondo nacional, pues dependería de las necesidades de cada entidad federativa. No obstante, reconoce que estaría ligado principalmente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“Es la primera vez que se realiza un encuentro con autoridades locales y sociedad civil y creemos que puede ser un parteaguas para impulsar medidas de transporte urbano a nivel nacional”, detalló sobre este evento organizado en conjunto con el World Resources Institute México (WRI México).
En esta primera sesión, también surgieron como líneas de acción la creación de una política tarifaria técnica que incluya todos los elementos y costos reales del transporte y fortalecer el marco legal e institucional para la planeación, gestión y control del sistema de movilidad.
Adriana Lobo, Directora Ejecutiva de WRI México, adelantó que buscarán entregar la próxima semana los resultados de este encuentro y en primera instancia sería con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
