En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Movilidad del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha realizado operativos para identificar vehículos de transporte público irregulares y combatir así la inseguridad al interior de las unidades.

Raymundo Martínez Carbajal, secretario de Movilidad, señaló que esta iniciativa forma parte de una política integral de combate a la inseguridad bajo el ángulo de cero tolerancia a la ilegalidad que garantice una mayor protección para los usuarios del transporte público de la entidad.

Puntualizó que a dos meses de la administración estatal, han sido revisadas 8,766 unidades, de las cuales 1,861 fueron aseguradas por la SEMOV. Se detectaron dos unidades con reporte de robo, se realizaron 3,760 consultas a mandamientos judiciales con resultado negativo, 65 choferes dieron positivo en la prueba de alcoholemia y antidoping y se sorprendió a 23 operadores con documentos falsos o alterados, así como por ataques a las vías de comunicación y portación de arma prohibida.

En estos operativos también se revisaron a más de 65,700 pasajeros, de los cuales fueron detenidos 11 por haber cometido delitos contra la salud y 3 por portación de arma prohibida.

Resaltó que uno de los vicios que arrastra el sector desde hace muchos años es el relacionado con la existencia de miles de unidades que trabajan sin concesión, por lo que también se combate esta problemática a través de estos operativos.

El secretario estatal indicó que se debe poner orden en todos los rubros de este sector, para que se cumpla con la normatividad vigente, y se tenga un control de las unidades que prestan el servicio de manera legal, ya que, incluso, los propios transportistas han sido víctimas del flagelo de la inseguridad.

Entre las principales anomalías detectadas durante los operativos, destaca la operación de vehículos con más de 10 años de antigüedad, la falta de licencia vigente, de la concesión y del seguro, requisitos indispensables para poder operar una unidad de servicio público.