Convertir el robo al transporte de carga en delito federal y dar aprobación a la Ley de Seguridad Interior que establezca el rol de las fuerzas armadas en la lucha contra delitos como el robo de combustible, son algunos de los temas pendientes que el Poder Legislativo tiene, señaló Manuel Herrera Vega, Presidente de CONCAMIN.

En conferencia de prensa, el líder industrial convocó a un periodo extraordinario de sesiones durante el mes de junio, con el objetivo de discutir y aprobar estos temas aplazados.

Urgió a la Cámara de Diputados a resolver en el corto plazo las modificaciones al Código Penal Federal que establecen sanciones de 7 y hasta 13 años para quien cometa el delito de robo en el servicio de autotransporte y se convierta en un delito del orden federal, así como incorporar una fracción VI al artículo 377 del mismo código, para establecer 15 años de prisión y  hasta mil días de multa a quien trafique o comercialice con productos robados del transporte de carga.

“Según datos de CANACAR tan sólo en 2016 el robo de camiones se incrementó en 62% respecto a un año anterior, lo cual ha provocado que las aseguradoras subieran hasta en 200% sus pólizas”, señaló.

Por otra parte, alertó sobre el aumento del robo de combustible. “Tan sólo en 2016 se registraron 213 fugas y derrames en ductos de Petróleos Mexicanos, y 78 eventos de pérdida de contención en ductos de transporte, de los cuales más del 50% son originados por vandalismo” argumentó.

Agregó que se debe dar paso a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que establezca las facultades y lineamientos de las fuerzas armadas para el desempeño de sus funciones. Dijo además que los industriales mexicanos respaldan a estas corporaciones en las labores de seguridad, en particular por los operativos que se están realizando en algunos estados de la República para combatir este ilícito.

Finalmente, otro de los temas de urgente resolución, que representa una prioridad para la industria nacional, es la presentación, discusión y aprobación de la Ley de Mejora Regulatoria, que eficiente y dé rapidez a los trámites ante el Gobierno Federal, otorgue facilidades para abrir nuevos negocios y cuente con un registro único de documentos oficiales.

“Tal como he mencionado con anterioridad, el costo que actualmente pagan las empresas en México por sobre regulaciones asciende a 655 mil millones de pesos, que equivale a 3.16% del PIB”, sentenció Manuel Herrera Vega.