El incremento del 117% del robo al transporte de carga en tan solo tres años, ha derivado en que las empresas empiecen a considerar la seguridad patrimonial como un insumo indispensable para su operación, alertó Enrique González Muñoz, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en el marco del XVIII Foro Nacional del Transporte de Mercancías de ANTP.

Durante el panel Seguridad Patrimonial en el Transporte, el dirigente de esta agrupación lamentó que sea el tema de la delincuencia el que reúne al sector en este tipo de espacios, en lugar de la búsqueda de productividad y competitividad.

La administración de riesgos, dijo, repercute en el 0.5% del PIB Nacional. “Esto es muy alarmante porque no podemos hacer un prorrateo, no podemos hacer una definición clara de cómo vamos a ser más competitivos mientras no tengamos seguridad”, señaló.

En consecuencia, los costos logísticos se han encarecido; por ejemplo, el directivo de CANACAR señaló que sus agremiados se han visto en la necesidad de pagar hasta un 120% en la renovación de sus pólizas de seguros.

González Muñoz fue enfático en que los microempresarios no pueden renovar unidades mientras este delito siga golpeando al sector.

“La seguridad cuesta, y cuesta mucho. Hoy ese costo lo estamos sufriendo nosotros y tenemos que hacer inversiones adicionales en seguridad”, señaló en este mismo espacio, Edgar Chahín, en representación de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP); agregó que los gobiernos en México necesitan aumentar su inversión en este rubro.

El empresario transportistas mencionó que los robos no han disminuido solo ha variado el lugar y la forma en que ocurren. En el caso concreto de Veracruz, que anteriormente encabezaba las listas negras de robo al transporte, se ha implementado una estrategia coordinada para combatirlo; el problema, precisó, es que el delito se mueve a otras entidades y no disminuye.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que sean ellos quienes garanticen que podrán hacer esta actividad económica. “La seguridad es una condición básica que nos debería proporcionar el Estado”, expresó.

Por su parte, Refugio Muñoz, Comisionado de Seguridad Pública y Prevención del Delito de la CONCAMIN, reveló que el impacto de la inseguridad en el autotransporte de carga representan costos directos (prevención y costos del propio delito y su persecución) más de 82,000 millones de pesos e indirectos (relacionados con el encadenamiento productivo) superiores a los 9,000 mdp, un total de 92,500 millones de pesos.

José Jiménez, Gerente General de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), señaló que en el servicio de traslado de pasajeros son tres aspectos los que más preocupan en materia de seguridad: la toma ilegal de autobuses, principalmente cometido en el Estado de México, Michoacán y Oaxaca y que en lo que va del 2018 ya se registran 200 eventos; el robo a pasajeros, con 119 registros este año; así como el apedreamiento de unidades.

En respuesta a los puntos expuestos, Jesús Ignacio Rivera Peralta, Director General de Logística y Adiestramiento de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, admitió que en este espacio se han hablado de realidades.

Para garantizar la seguridad patrimonial del sector, reportó que en el Corredor Puebla-Veracruz, uno de los más afectados en este tema, han sido puestas a disposición 1,380 personas por el delito de robo al transporte en los primeros cinco meses del año.

Anunció que en esta zona ya están ingresando a las comunidades para detener a los delincuentes, también trabajando en conjunto con CAPUFE para cerrar los caminos clandestinos. El objetivo, señaló, encontrar una solución integral a un problema integral.

Reiteró que este cuerpo policial tiene la disposición de trabajar de cerca con las Cámaras y Asociaciones del sector.

Ocho claves para combatir el delito

Iker de Luisa, Director General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), quien también fue parte de este panel, compartió ocho claves para disminuir este delito tanto en el transporte ferroviario como en el autotransporte:

  1. Marco jurídico: entender los “cuellos de botella” jurídicos que no están reduciendo el robo y que impactan más a la actividad económica en los ámbitos federal, estatal y municipal.
  2. Implementación: aunque la ley esté bien, en ocasiones es mal aplicada.
  3. Acción policial: disuasión, reacción y operativos coordinados entre cuerpos policiacos federales, estatales y municipales.
  4. Nuevo Sistema Penal Acusatorio: conocer las modificaciones que operan a favor.
  5. PGR: presentar ante la Procuraduría las denuncias de los hechos y darles seguimiento.
  6. Ciclo de venta de lo robado: realizar acciones de inteligencia para entender el modus operandi para desincentivar la compra-venta de la mercancía hurtada.
  7. Campaña de comunicación: recordar a la población las penas por este delito.
  8. Tejido institucional – gobernabilidad: analizar las condiciones de las comunidades donde ocurre este delito.