Hace un año y medio entró en vigor el Reglamento Homologado de Tránsito en la zona metropolitana de Nuevo León. Once municipios acordaron restringir, prohibir y en algunos casos cobrar el paso a vehículos de carga en determinadas vías de comunicación.

La premisa de esta disposición era ambiental y, en ocasiones, de congestionamiento vial. La industria del autotransporte levantó la voz y mientras algunos empresarios ganaron amparos y otros tuvieron que pagar por circular, hace algunos meses la Comisión Federal de Competencia (Cofece) consideró que se trataba de un trámite absurdo: no pueden circular porque contaminan, pero si pagan, sí pueden hacerlo (aunque contaminen).

Si bien existen iniciativas parecidas en otras latitudes del país, la también investigadora de la UNAM considera que los tres niveles de Gobierno debieran unificar los criterios en lugar de aprovechar las zonas grises de las leyes, pues mientras unos argumentan lo que estipula una reglamentación federal, otros se amparan con jurisdicciones locales.

“Hay un sinnúmero de normas, leyes, reglamentos, circulares e instrumentos jurídicos que van señalando las restricciones al autotransporte y que, en muchas ocasiones, se contradicen entre sí, ya que no necesariamente hay un documento que establezca qué le corresponde a cada quien y hasta dónde se puede contemplar una disposición”, afirma.

El tema de fondo debiera ser la movilidad, opina la especialista, pero las autoridades parece que están empeñadas en que sea la sobrerregulación. La solución podría resultar de poner en la balanza a todos los actores y factores del transporte: cómo conviven sin atentar contra la seguridad vial, el ambiente, la distribución de insumos, la competitividad y el crecimiento de la economía.

Cobrar permisos de circulación genera costos adicionales, burocracia y corrupción. Pero lo que es más grave es que tienen, sí o sí, una consecuencia inflacionaria. La entrevistada aclara: “No es que los transportistas no quieran o no deban sumarse a un reordenamiento vial. Por el contrario, organismos como la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) o la CANACAR, se han manifestado a favor del diálogo y los acuerdos, pero no de la prohibición y menos del pago de permisos.

Por eso, la experta insiste en que urge una Ley Nacional de Movilidad, a fin de que las autoridades federales, estatales y municipales participen en torno a un solo documento que vele de forma armónica por los intereses de la sociedad: peatones, automovilistas, transporte público y de carga.

Una práctica que podría ser replicada es la del acuerdo en el Valle de México, donde el transporte de carga tiene un horario bien definido, durante el cual no puede entrar o circular para evitar un mayor congestionamiento en la calles. Y sobre la posibilidad de corredores nocturnos, la especialista repara en el segundo gran tema del autotransporte.

 

La inseguridad nuestra de cada día

 

Aun cuando la tipificación del robo al transporte como delito federal supone un gran avance para el sector, de poco servirá si, otra vez, las autoridades no se capacitan y colaboran entre sí para disminuir los índices delictivos.

Y no solo eso, ya que hoy existe gran confusión respecto a cómo actuar en caso de robo. Pareciera que actualmente, algunos logros con las policías estatales de nada servirán, pero es importante reparar en que la víctima de un incidente debe hacer valer sus derechos de principio a fin.

Esto quiere decir que aunque cada nivel de policía tiene sus funciones y jurisdicciones bien delimitadas, hoy en día cualquier autoridad tiene la obligación de atender el incidente e iniciar el debido proceso.

“No importa si es un policía estatal o municipal. Ninguno de ellos puede desentenderse del tema alegando que se trata de un delito federal. Al contrario, el denunciante tiene el derecho de exigirle a la autoridad que atienda este primer contacto y le dé seguimiento, hasta que posteriormente le dé parte a la autoridad federal”, explica Fromow.

El problema, advierte, es cuando el operador o el representante legal de la empresa no conoce sus derechos y, por tanto, no los hace valer. Es importante estar actualizados y saber, por ejemplo, que el Ministerio Público debe proporcionar un asesor legal y, en todo momento, la víctima puede acompañar el proceso.

“Hoy ya no es necesario padecer el calvario de ir de una oficina a otra con el pretexto de que ahí no es asunto suyo. Incluso recuperar un camión, un remolque o la mercancía decomisada, ya no tiene que ser tan tardado. Basta con apelar al derecho de propiedad sin necesidad de ir por la factura, llamar al abogado y pasar por todas esas viejas prácticas”.

 

Para eso se promueve el criminal compliance

 

A través de la ANTP y como una línea de trabajo a nivel consultoría, María de los Ángeles Fromow es una convencida de la importancia de cumplir la ley, pero no solo eso, sino estandarizar modelos de revisión, acreditación y disposición de todos los procesos de una empresa.

En el hipotético caso de que un tractocamión se viera involucrado en un robo, siempre cabrá la posibilidad de que el operador sea cómplice del hecho. Es justo aquí donde el criminal compliance cobra mayor relevancia, pues de lo que se trata es que la empresa responsable cuente con toda la información posible que sume en aras de la verdad.

Exámenes médicos al operador, certificaciones de confianza, duración de la relación laboral, gráficas sobre hábitos de conducción, índice de accidentes, horas de conducción, robos o hasta faltas. Una vez que el empresario provea estos datos a la autoridad, sin duda abonará a deslindar su complicidad. O exactamente lo contrario.

“Si las empresas empezaran a llevar y registrar todo este tipo de datos, hoy se tendría una fuente de información realmente valiosa para ellas mismas y para las autoridades, pues sería evidente que no necesitan que un externo los supervise, ya que su compromiso funge exactamente como una forma de autorregulación”.

En la actualidad ya se tienen avances para que un ente competente certifique dichos procesos y esto represente un beneficios aún mayor para las empresas que están adoptando estas buenas prácticas no solo con fines legales, de seguridad y rentabilidad, sino porque también puede evitarles pérdida de tiempo y dinero.