Con el objetivo de hacer más eficientes las verificaciones en la venta de combustible y evitar abusos hacia los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) firmaron un convenio de colaboración para establecer un intercambio de información sobre los precios, volúmenes y calidad del diesel y las gasolinas.

El convenido formalizado por Ernesto Nemer Álvarez, titular de la PROFECO y Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la CRE, establece que ambas instituciones pueden imponer sanciones a las empresas que no reporten precios a la Comisión Reguladora de Energía o que vendan los combustibles por encima del precio máximo establecido.

La PROFECO dará aviso a la CRE cuando observe el incumplimiento de los precios máximos y cuando éstos no sean iguales a los reportados por los permisionarios. De igual forma, el organismo de velar por los interese de los consumidores podrá imponer sanciones a las gasolineras cuando no despachen litros completos.

Cuando las estaciones vendan combustibles a un precio mayor al máximo, distinto al reportado a la autoridad, o no respeten los términos y condiciones establecidos por la CRE, dicha instancia podrá sancionar con multas de hasta 24 millones de pesos de acuerdo con la Ley de Ingresos 2017 y la Ley de Hidrocarburos.

Asimismo, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la PROFECO podrá aplicar multas de hasta 4.1 millones de pesos, que se pueden duplicar en caso de reincidencia.

En caso de que se nieguen a ser verificados, la PROFECO puede presentar denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), en términos del artículo 253 Fracción III del Código Penal Federal, el cual contempla una sanción de hasta 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública y multas de hasta 8.2 millones de pesos.

Con la firma del convenio, la CRE dará acceso a la PROFECO a la información referente a los precios al público de los combustibles, así como a los volúmenes de compra y venta en las actividades de distribución y venta.

Mediante estas acciones se podrá identificar en cuánto se venden los combustibles en las estaciones de servicio en todo el país y sancionarlas cuando se sobrepase el precio máximo establecido por región.