El diputado Erick Arturo Figueroa Ovando pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), suspender la licitación pública nacional que permite a privados gestionar y administrar las autopistas que integran el tramo denominado Paquete Sureste, en Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.

El legislador perredista sostuvo que con la licitación se estarían perdiendo 600 empleos directos en las entidades donde serán privatizadas estas vías, pues se contrataría mano de obra indirecta por otro tanto igual.

“Esto impactará en la economía familiar; además, el impacto negativo también alcanzaría la economía estatal y local”, indicó en un comunicado el también secretario de la Comisión Asuntos Frontera Sur-Sureste.

Ante la Comisión Permanente, Figueroa Ovando expuso que actualmente en estos tramos carreteros se cuenta con ocho plazas de cobro, que generan un ingreso aproximado diario de cinco millones 250,000 pesos, lo que representa un ingreso anual de 1,916 millones 250,000 pesos.

“Capufe es una de las empresas más rentables de nuestro país, pues de acuerdo con la SCT, hasta 2015 ostentaba el lugar 96 de las 500 empresas más importantes del país, por encima de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, subrayó.

El diputado insistió que con la privatización de estas autopistas, se afectaría a los estados que comprende el Paquete Sureste, ya que cuentan con el mayor índice de pobreza, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

“Las acciones privatizadoras sólo ocasionarán mayores perjuicios económicos y sociales, pues pretenden mantener empleos con mano de obra barata y poca seguridad social, así como también con precarias prestaciones laborales”, aseveró Figueroa Ovando.