Su entrada al país –principalmente en la zona fronteriza– afecta gravemente a la industria llantera nacional y pone en riesgo a miles de usuarios.

Desde hace años, el flujo de llantas usadas que son exportadas desde Estados Unidos a través de la frontera internacional hacia los estados limítrofes con México ha sido un tema que preocupa y ocupa a los diversos actores de la industria llantera mexicana y a los gobiernos de ambas naciones. En esta ocasión hablaremos específicamente de lo que ocurre con las llantas provenientes de California y que son ingresadas a Baja California Norte y Sur, y parte del estado de Sonora.

Es importante explicar que el flujo formal de llantas usadas hacia estos estados está regido por una cuota anual que es negociada por los funcionarios mexicanos del orden federal y estatal en acuerdo con las organizaciones fronterizas de importadores y comerciantes de llantas usadas y las cámaras de comercio.

En teoría, estas llantas tendrían que entrar con fines de renovado, sin embargo, la realidad es que al amparo de esta cuota ingresan muchas llantas para segundo uso (no solo de camión sino de camioneta y automóvil), lo que implica un riesgo importante principalmente de seguridad pero también conlleva impactos ambientales por la disposición final de las llantas en los tiraderos de llantas de desecho en Baja California derivadas de este comercio transfronterizo.

Para dimensionar el problema basta decir que tan solo para Baja California y la zona colindante de Sonora, las cuotas de importación han oscilado las 750,000 y 850,000 unidades en los últimos años.

 El origen y la problemática

Screen shot 2015-03-24 at 11.11.35 PMEl flujo transfronterizo de las llantas usadas es una respuesta a factores económicos, sociales y políticos. Los residentes de las ciudades fronterizas de México dependen de los automotores para movilizarse y transportar mercancías, pero ante los ingresos bajos per cápita y una inadecuada disponibilidad de crédito, los propietarios de vehículos recurren a las llantas usadas. En Baja California éstas se venden por alrededor de un tercio del precio de las llantas nuevas; en California las llantas usadas cuestan casi la mitad del precio de las llantas nuevas. Las llantas nuevas en Baja California son más caras que en California debido a los impuestos de importación en México. Lo anterior ha motivado que el flujo de este tipo de piezas sea de una escala tan grande que la disposición inadecuada de las llantas de desecho resultantes ha generado pequeños y grandes tiraderos de llantas dispersos dentro de las áreas marginales y zonas aledañas de las ciudades fronterizas de la zona como: Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali en Baja California, así como de la ciudad de San Luis Río Colorado en Sonora. También se han acumulado tiraderos de llantas de desecho en Baja California Sur. Las autoridades ambientales estadounidenses y mexicanas del orden federal, estatal y local han tratado el tema de la acumulación de estos tiraderos de llantas de desecho y crearon en 2012 el Programa Ambiental Fronterizo binacional e internacional de los Estados Unidos y México basado en el Acuerdo de La Paz de 1983.

Derivado de este Programa, en Baja California y en San Luis Río Colorado se eliminaron con éxito grandes tiraderos de llantas de desecho. No obstante, sigue siendo un reto para los estados fronterizos estadounidenses y mexicanos encontrar mecanismos para mejorar la regulación de este flujo de llantas y mitigar sus impactos negativos.

Y es que cada año, California genera grandes cantidades de llantas de desecho, algunas de éstas son de suficiente calidad para ser usadas dentro del estado o ser exportadas, principalmente a Baja California.

Lo realmente preocupante es que aparte del flujo formal de llantas, existe una entrada informal de llantas usadas desde California hacia México. Se estima que este flujo informal oscila entre un 10 y un 75% del total de las llantas usadas importadas formalmente. Cada semana, miles de neumáticos son importados a Baja California desde Estados Unidos utilizando los procedimientos autorizados, pero se estima que un promedio de 500,000 llantas son introducidas de forma ilegal al año.

Esta actividad ilegal tiene como un componente básico el contrabando hormiga a través de la región fronteriza mediante el cual los individuos llevan llantas usadas a Baja California en pequeñas cantidades para venderlas o usarlas. Asimismo, existen pequeños negocios que pasan las llantas de contrabando a través de la frontera por las líneas no comerciales en los puertos de entrada, frecuentemente en camionetas tipo van, pequeños camiones cubiertos o como parte de una carga mixta de artículos usados. No existen pruebas de movimientos grandes y sistemáticos de llantas sin registrar a través de las entradas comerciales de las aduanas estadounidenses y mexicanas.

Otro componente del flujo informal son las llantas usadas y de desecho que fluyen desde California a Baja California con la importación de vehículos usados y de chatarra. Cada año, aproximadamente 67,000 automóviles y camiones ligeros son importados a Baja California para ser desmantelados, reconstruidos o aprovechados como chatarra. Las autoridades del estado de Baja California estiman que unas 80,000 llantas usadas son importadas anualmente mediante este mecanismo que escapa al sistema formal de cuotas de importación.

La disposición de llantas de desecho ha sido un problema continuo para las comunidades fronterizas de México, causado en buena medida por una infraestructura inadecuada para la disposición de residuos sólidos, pero agravado por el enorme el flujo de llantas usadas a través de la frontera. La vida útil de una llanta es reducida por las condiciones para conducir en el estado, con calles y carreteras sin pavimentar, superficies de asfalto deterioradas, obstáculos en vialidades, así como otros factores. El resultado es que, sobre la base per cápita, las llantas de desecho se acumulan más rápidamente que en California. Cada año, Baja California enfrenta la disposición de alrededor de 1.5 millones de llantas de desecho. Casi un tercio de éstas son canalizadas a los hornos cementeros para uso como combustible derivado de llantas; una cantidad similar es utilizada en proyectos de ingeniería civil y proyectos informales de construcción por propietarios de viviendas.

El problema es grave y se requiere de la constante participación y supervisión de las autoridades de ambos gobiernos, pero en especial del mexicano ya que, como mencionamos anteriormente, estas llantas representan un riesgo para la industria nacional, para la seguridad y para el medio ambiente.