En pleno arranque de las campañas electorales, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) hizo un llamado a todos los candidatos a un puesto de elección popular a mantener políticas públicas que han funcionado en los últimos años y que han permitido avances sustantivos en los dos principales factores limitativos del mercado interno automotor: inclusión crediticia y control en la importación de vehículos usados.

Sobre la importación de “chocolates”, la AMDA explicó que no se debe olvidar que de 2006 al 2008 los vehículos usados importados superaron el número de vehículos nuevos vendidos en México.

Aun en 2012 los vehículos usados importados representaron el 40.1% de los vehículos nuevos, lo que contrasta con el 8.1% de 2017.

“Sin duda que hemos avanzado en detener el flujo de chatarra contaminante e insegura, muchos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, que bajo la protección de amparos de la justicia federal obstaculizaron la renovación del parque vehicular en México”, detalló la asociación.

Estos logros han dañado la estructura de negocio ilegal e informal que a lo largo del tiempo ha encontrado protección en organizaciones sociales y políticas que en épocas electorales presionan para volver a la flexibilización de la importación de vehículos usados y a la regularización del contrabando.

En este contexto la AMDA rechazó la respuesta dada en Hermosillo durante un acto de campaña por José́ Antonio Meade Kuribreña al planteamiento de regularizar vehículos ilegales. Esto fue lo que dijo:

“Pero, frente a la realidad de hoy, tenemos que avanzar en el registro, un registro que nos permita, sí regularizar con inteligencia, con seguridad, con respeto medioambiental, pero dándole certeza a las familias de Sonora.”

La organización empresarial se manifestó́ en contra de cualquier modalidad de regularización, matriculación, censo o esquema parecido para vehículos introducidos ilegalmente al país ya que solo se convierte en un pervertido incentivo a la ilegalidad y preservación de impunidad.

Asimismo es importante resaltar que en el pasado se han aplicado más de una veintena de procesos de regularización vehicular sin éxito alguno, más allá́ de que solo contribuyeron a abrir la puerta a la introducción de más vehículos de la misma naturaleza.

No es posible argumentar un tema de bienestar social cuando el origen propio de los vehículos ilegales en el país constituye un delito.

Y en cuanto al primer factor mencionado, el crédito para la adquisición de vehículos avanzó de 518,532 unidades financiadas a un millón 39,262 en 2017, lo que representó pasar del 52.5% de financiamiento respecto a las ventas totales de vehículos al 67.9% en el periodo citado.