La Cámara de Diputados aprobó el dictamen para aumentar los delitos en los que aplica la extinción de dominio sobre bienes de carácter patrimonial derivados de hechos ilícitos como el robo de hidrocarburos y corrupción.

La iniciativa señala que ésta será procedente sobre bienes de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, faltas cometidas por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas e ilícitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

La reforma a los artículos 22 y 73 constitucionales fue aprobada en lo general, con unanimidad de 474 con votos, y en lo particular con la mayoría calificada de 394 votos en pro, cero abstenciones y 68 en contra;  y se remitió a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135.

El documento refiere que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal.

Asimismo estipula que la ley establecerá mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad y, en su caso, la destrucción de los mismos.

Al respecto, la diputada Miroslava Carrillo Martínez señaló que hoy la figura, concepción y principios de la extinción de dominio se fortalece y robustece, y se adecua a la problemática nacional, tanto en el aspecto procedimental como en la eficiencia y la seguridad jurídica.

Mencionó que la acción de extinción de dominio se ejercitará por Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal, en el que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio.

Asimismo, urgió a fortalecer el combate inteligente contra el crimen organizado y los hechos de corrupción como base estratégica de seguridad pública y procuración de justicia. Al facultar al Congreso para expedir la legislación única en materia de extinción de dominio, expuso que eso dará certeza y seguridad jurídica a los actos del Poder Legislativo.

Por su parte, la diputada María Alemán Muñoz Castillo  que el objetivo de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado; con esta herramienta, sostuvo, se dará un paso firme en la lucha contra este delito, la corrupción y el lavado de dinero en México.