Aumentos en las tarifas, opacidad en cobros por maniobras fuera de camino y en depósitos, son apenas algunas de las quejas que recurrentemente rodean a los servicios de grúas. Y los problemas no se limitan a los permisionarios a nivel federal, también abarcan a los estatales. ¿Qué se necesita para solucionar esta problemática?

Atendiendo a ello, el Termómetro TyT de esta semana evaluó los temas más urgentes para evitar los abusos en estos servicios, alcanzando un total de 495 votos a través de la cuenta de Twitter @revistatyt.

En primer lugar, con el 37% (183) de la votación, se colocó contar con una autoridad incorruptible. Y es que al ser los Policías de Tránsito o los Federales los mediadores entre el usuario y prestador de servicio, la percepción común es que ellos mismos están coludidos con los gruyeros abusivos u omiten la vigilancia de sus servicios a cambio de una “comisión”.

En este sentido, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI de 2018 revela que las Policías de Tránsito son consideradas las corporaciones más corruptas.

Pero el problema trasciende a la autoridad en campo. Se ha considerado el bajo perfil que los Gobiernos estatales y la propia SCT han mantenido respecto a la regulación de los servicios de arrastre.

En segunda posición, con el 29% (144) de la votación, se ubicó la necesidad de contar con un Reglamento Federal en materia.

Desde noviembre de 2017, el Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos, Auxiliares al Autotransporte Federal está pendiente en revisión y análisis en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).

En este documento se estipulan los requisitos para ser permisionario, las condiciones de cada servicio, las características de la memoria descriptiva, los servicios autorregulados, la liberación de vehículos, la responsabilidad de los permisionarios, procedimientos de sanciones y, lo más importante, la definición de una base tarifaria.

No obstaste, la presente administración federal no ha fijado una postura sobre el tema ni ha dado a conocer los avances de esta reglamentación.

Contar con este documento dará mayor certidumbre a los usuarios y permisionarios y sentará un precedente para que los reglamentos y leyes estatales en materia se alineen con ésta; eso sí, para su cumplimento es indispensable que las autoridades hagan su parte, tal como señala la respuesta ganadora en el Termómetro TyT.

Por otro lado, en tercer lugar se encontró el control de concesiones, respuesta que obtuvo el 22% (109) del total. Al respecto, Enrique Dueñas, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas A.C. (Agrúas) ha manifestado que la SCT no debe otorgar concesiones de forma indiscriminada, ya que esto también provoca una competencia desleal y se presta mayor corrupción en los diferentes tramos federales.

Finalmente, con 60 votos (12%), los participantes del Termómetro TyT se pronunciaron justamente por el reforzamiento de vigilancia por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe tener. Por ejemplo, si bien cuenta con un tabulador de grúas disponible en: http://app.sct.gob.mx/tabulador_gruas/consulta_ciudadana/ y su Base Tarifaria de dichos servicios (publicada en el DOF en febrero de 2007), estas herramientas no garantizan en sí mismas su cumplimiento; de hecho la falta de difusión entre los usuarios y permisionarios no ha ayudado a resolver la problemática.

Por ello, es necesario que la SCT intervenga en diversos niveles: vigilancia de operación, concesiones y tarifas apegadas a tabuladores.