Luego de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó el dictamen que regula el outsourcing en México, empresarios advirtieron que la reforma atenta contra los empleos y la inversión.

 

“De concretarse esta reforma en los términos en los que está planteada, los daños para la economía del país serían devastadores: se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional”, aseveró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

 

Esta tarde, senadores de Morena, de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) aprobaron el dictamen que obligará a las empresas dedicadas a la subcontratación, de forma ilegal, a pagar cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Infonavit, y cumplir con sus obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

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El CCE, presidido por Carlos Salazar Lomelín, reiteró la necesidad de replantear la figura de la subcontratación para evitar que existan abusos laborales; sin embargo, advirtió que la iniciativa impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia tendrá efectos contraproducentes para el país, las empresas y los trabajadores.

 

Argumentó que la reforma planteada y aprobada en la Comisión del Trabajo pone en peligro la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

 

En contraste, en conferencia de prensa Gomez Urrutia aseveró que la iniciativa “no va en contra de la ratificación del T-MEC, sino por lo contrario nos acerca más a su ratificación”.

 

La cúpula empresarial añadió que lo aprobado genera incertidumbre, al atentar contra las empresas que utilizan la subcontratación de manera legal, como estrategia para incrementar su competitividad.

 

“Estas empresas podrán decidir mover sus inversiones, no hacer nuevas, y otras decidirán ya no instalarse en México”, expuso el CCE.

 

Además, alertó que el dictamen aprobado “busca criminalizar las relaciones laborales” al comparar el outsourcing con actividades de la delincuencia organizada.

 

Al respecto, el exlíder minero aseguró que en la iniciativa se estableció la creación de un centro de registro y certificación de todas las empresas que ofrecen servicios de outsourcing para especificar al tipo de actividades que realizan y de qué manera lo hacen, sin violar las instituciones nacionales.

 

Adicional, los empresarios aseguraron que la reforma prácticamente elimina cualquier tipo de subcontratación, lo que traería consecuencias graves para la competitividad del país y eliminaría miles de empleos.

 

“Miles de empresas mexicanas y extranjeras que operan en México lo utilizan, y cientos de empresas dedicadas a la subcontratación lo hacen de manera legal, dándole beneficios a los trabajadores incluso por encima de la ley. Pero la iniciativa equipara la subcontratación legal con la ilegal o abusiva, prácticamente eliminando cualquier posibilidad de subcontratar de manera legal”, sostienen los empresarios.

 

Al ser cuestionado sobre la postura de la iniciativa privada, Gómez Urrutia dijo que, “no es la eliminación de la subcontratación, como muchos legisladores hubiéramos querido, pero sí es un paso importante (…) está regulado (la iniciativa) este mecanismo, no eliminado”.

 

En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que también forma parte del CCE,  rechazó la medida al considerar que no existe diálogo suficiente para tomar una decisión.

 

La Concamin, liderada por Francisco Cervantes, consideró la iniciativa como “unilateral e inconveniente, inadecuada y desproporcionada”. Además, de tener graves consecuencias.

 

“Se pronunció por llevar la iniciativa a parlamento abierto que permita realizar una responsable y suficiente reflexión y evaluación del potencial impacto que tendría “, concluyó.

 

Gómez Urrutia dijo que la subcontratación ilegal genera pérdidas de 500 mil millones de pesos a nivel nacional, y afecta a 8 millones de mexicanos que laboral bajo este esquema.

 

Tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, Ricardo Moreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, pidió posponer la discusión en el pleno de la iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación o outsourcing, a fin de acotar esta práctica.

 

“Al requerir la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados antes de ser tratada ante esta soberanía, se desarrollará su análisis bajo el formato de Parlamento Abierto, como lo hemos hecho anteriormente con temas de esta importancia”, manifestó el coordinador de Morena. 

 

Así es como la iniciativa aprobada en la Comisión de Trabajo se someterá a un Parlamento Abierto, foros en los que participarán los distintos sectores y actores afectados.