Un posible cierre de la frontera con Estados Unidos pondría en riesgo el intercambio terrestre de productos y servicios con ese país, que asciende diariamente a 1,700 millones de dólares, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Su Presidente José Manuel López Campos dijo que las autoridades estadounidenses deben resolver la reubicación de aproximadamente 750 oficiales de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), dedicados ahora a la contención del ingreso de migrantes indocumentados. Lo anterior con la finalidad de acelerar el ingreso de autotransportes de carga de México, afectado en los últimos días.

 

“Esperamos que el cierre de la frontera, anunciado por el Presidente Donald Trump, no se lleve a cabo y sólo sea parte de su estrategia electoral, como pensamos que se trata”, expresó.

 

Indicó que el autotransporte de carga es el medio más utilizado para el movimiento de mercancías bilateral, en proporción de 71.2 por ciento para las exportaciones mexicanas y 66.9 por ciento para las importaciones, de acuerdo con datos del Buró de Estadísticas del Transporte de Estados Unidos (BTS, por sus siglas en inglés).

Señaló que empresas del sector terciario ubicadas en la zona norte han resultado afectadas, al permanecer varados durante horas camiones de carga en los principales puentes que conducen a las garitas de la frontera.

El presidente de la Concanaco Servytur precisó que las principales afectaciones por la demora en el ingreso de unidades automotrices con mercancías hacia Estados Unidos se producen por la lentitud en que son revisados los despachos aduaneros por parte de las autoridades de la vecina nación.

López Campos informó que la vicepresidencia de la Región Noreste de Concanaco Servytur solicitó a Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la realización de foros, en los cuales el sector empresarial pueda intercambiar sus experiencias en materia de comercio exterior y aduanas.

En dicha petición, dijo, se reconoció la situación en la que el actual Gobierno federal recibió el sistema aduanero, con una infraestructura insuficiente que opera con discrecionalidad, en la que incluso se puede presumir la infiltración de redes delincuenciales.

 

“Esto se traduce en tiempos de espera poco competitivos y además se llega a criminalizar al usuario nacional y extranjero y se pierden las ventajas competitivas de nuestras ciudades al convertirse éstas en puerta para el ingreso ilegal de vehículos, mercancías y combustibles”, destacó.