La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales exhaustivas, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es el principal responsable de las irregularidades en la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca.

El organismo señaló que entregará los resultados de su investigación a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral realizado.

Para la CNDH, cita en un comunicado, la negligencia y posible corrupción durante la construcción de dicho libramiento, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), fueron el origen de los hechos que provocaron la muerte de dos personas en julio de 2017.

Asimismo, la relación entre autoridades y empresas contó con un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, por lo que solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos los componentes que provocaron la falla, tanto de las empresas como de los servidores públicos involucrados, ya que, salvo nueve sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune.

También, la Comisión acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción, por la SCT y BANOBRAS, pues la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no ocho como originalmente se había previsto.

En este sentido, la CNDH observó irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las empresas, que generaron alza de 67.94% en el costo previsto de 1,134 millones 215,941.01 pesos y aumento de siete meses en el tiempo de ejecución, sin la autorización de la Función Pública.

Un punto importante, agregó, es que no contempló todos los cruces de agua y drenaje que podían afectarla; muchos permisos fueron solicitados una vez adjudicada la licitación, durante la ejecución de los trabajos o no fueron tramitados y pese a la advertencia de las constructoras y la Comisión Estatal del Agua, la SCT no reparó el desbordamiento de la tubería del drenaje que cruza el kilómetro 93+857 del socavón, lo que influyó en el hundimiento de la vialidad.

De hecho, también encontró responsable a la CONAGUA al no informar a la SCT de todos los puntos de afectación hidráulica por la obra del Paso Exprés, en particular donde se abrió el socavón, y por no realizar visitas de verificación y aplicar sanciones a los responsables de la ejecución de la obra sin los permisos respectivos.

La CNDH recomendó generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas respetar derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren; se colabore con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.