Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió a las autoridades llevar a cabo la revisión de vehículos y concesiones de transporte público, para detectar a las unidades altamente contaminantes y estudiar la viabilidad de un reemplazo por otras de cero emisiones.

Destacó la importancia que reviste el transporte público urbano y las alternativas de movilidad al uso intensivo del automóvil debido a que es un importante generador de emisiones contaminantes.

Por eso, sugirió a la SEMARNAT, a la CRE y a la PROFEPA, implementar mecanismos para cumplir las especificaciones sobre combustibles fósiles para que estos cumplan con un estándar óptimo de calidad, disponer de laboratorios de pruebas, unidades de verificación aprobados por la ley respectiva, al igual que la distribución e inspección de gasolinas y diesel disponibles en las estaciones de servicio del país.

Durante una conferencia de prensa, dijo que se observaron diversas violaciones a los derechos humanos, tales como la inadecuada implementación y funcionamiento de las estaciones y redes de monitoreo atmosférico a nivel nacional, mediante las cuales es posible determinar los índices de contaminación en las ciudades, por lo que recomendó a las autoridades implementar medidas de reparación y funcionamiento así como la puntual información al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

De igual manera, sugirió a la PROFEPA iniciar las inspecciones necesarias en todas las estaciones de monitoreo.

Por otro lado, Edmundo Estefan Fuentes, director de área de la Sexta Visitaduría General de la CNDH, informó que la investigación tuvo como origen un planteamiento relativo a falta de la actualización de los límites máximos de contaminantes de las normas oficiales mexicanas en materia de salud ambiental, así como la inadecuada distribución de gasolina y diesel para el funcionamiento en vehículos automotores y bajas emisiones a la atmósfera.

Finalmente, María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recalcó que la no revisión de la normatividad es una grave violación a los derechos fundamentales.