Hace unos días, un tractocamión de la empresa Transportes Baena llegó al puerto de Acapulco para dejar un flete. Era un viaje de rutina, hecho en repetidas ocasiones. Ya había descargado y emprendido el retorno hacia Pinotepa. Pero ahí estaba el federal.

–¡Uy, joven! en esta carretera no puede pasar con su remolque de 53 pies. Para eso necesita un permiso de conectividad.

–Pero si siempre paso por aquí, de hecho ya voy de regreso, y nunca me habían dicho nada.

–Pues sí, pero la ley es la ley. Y si no tiene su permiso de conectividad, le voy a levantar su infracción y tendremos que remitir su remolque al depósito vehicular.

Y ya. El policía federal subió la ventanilla de su patrulla y no le volvió a dirigir la palabra al operador durante más de tres horas. El conductor iba y venía. Le pidió al uniforma que le levantara, pues, la infracción para no perder más tiempo. Su monólogo fue estéril. Hasta que llegó la grúa, enganchó la caja y se la llevó al corralón. Eso fue la tarde del jueves 31 de enero.

Ya cuando llegaron al depósito vehicular no daba tiempo de que la dueña del remolque llegara con los papeles desde Querétaro. Así que arribó al lugar en la mañana del viernes, pagó la infracción y por una suerte de artimañas burocráticas no se lo pudieron entregar ese mismo día.

–Ahora hasta el lunes, señorita.

Pero fue hasta el martes, porque el 4 de febrero fue feriado. Justo al cumplir el quinto día en el corralón, sacar el remolque le costaría 10 mil pesos. Eso sí, sin memoria descriptiva como indica el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (RAFSA), pero con el argumento de que se le estaban acumulando varios cargos: la pensión era de 180 pesos por día, más abanderamiento, custodia y el arrastre. Así de escueto era el recibo.

“No hubo forma de que la señorita me informara sobre el desglose de cada concepto. Además, ni abanderaron ni hubo custodia y mucho menos ocuparon grúa porque nada más fue el remolque. Y por más que le preguntaba me decía que no sabía explicar de dónde sumaban los 10 mil pesos”, relata Gabriela Baena, dueña del tráiler. Al final le hicieron un “descuento” y pagó 7,500 pesos, sin factura y sin más explicaciones.

 

¿De dónde surgen los conceptos?

 

Para entender el marco normativo de este segmento, es importante resaltar dos fechas: el 28 de febrero y el 16 de noviembre de 2017. En la primera, la SCT publicó en el Diario Oficial de la Federación la BASE tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal.

Y en la segunda fue al última vez que la dependencia tocó el tema: Elim Luviano, entonces titular de la Dirección General de Autotransporte Federal, dijo que ya se consultaba en COFEMER un nuevo reglamento de grúas, que, a la fecha, no ha sido publicado.

Entre las modificaciones contempladas  se buscaba establecer un nuevo sistema informático y un apartado de sanciones más severas para el servicio irregular y en casos de cobros excesivos.

De hecho, Elías Dip, Presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), afirma que, en efecto, el Reglamento de Grúas es un gran pendiente del sexenio anterior, y que es “imperioso para frenar tanto abuso. Entre otros factores, ya habíamos acordado con la SCT pagar solamente una hora de servicio cuando los gruyeros no ofrecieran la memoria descriptiva, cosa más frecuente de lo que cualquier pudiera pensar”.

 

“Hay que ordenar la expedición de permisos”

 

Para comprender mejor este fenómeno, Raúl Barrón, Presidente del Comité Nacional de Grúas de Canacar (Conagrúas), explica que, por un lado, el servicio de arrastre está liberado para que el permisionario acuerde las condiciones con el usuarios, y por otro, el permiso de arrastre, salvamento y depósito vehicularofrece los servicios necesarios en los caminos y puentes federales a las autoridades correspondientes en tramos definidos y por medio de roles cuando existen dos o más proveedores en el tramo.

Esta diferenciación es clave, ya que, de acuerdo con el dirigente, muchos de los abusos por parte de algunos proveedores de este servicio se dan por el salvamento fuera de camino, que no está ajustado a la BASE tarifaria vigente. “Este problema se ha incrementado debido a la incorporación de nuevos participantes en tramos donde existen ya más de 10 permisionarios sin que se haga un estudio de factibilidad”.

En algunos casos, agrega, los permisionarios trabajan dos o tres días al mes por la oferta de grúas en algún trabajo, de tal manera que con tan pocas maniobras deben salir los costos. “Y en el caso de las grúas estatales el problema ha crecido de forma impresionante, ya que no hay reglas claras para estos servicios, no hay tarifas y en esos casos se actúa por mandato de algún agente de tránsito, no habiendo forma de reclamar el servicio ni el cobro que realizan”.

Para hacerle frente a esta situación, Barrón Arellano considera que la SCT tiene la obligación de comprobar la viabilidad de las empresas establecidas autorizadas, y para esto se requiere que antes de autorizar un nuevo permiso de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, se realice un estudio de factibilidad que diga si se requiere la autorización de más equipo o el existente es suficiente para cumplir con la demanda real. “Esto, sin duda, evitará competencias ruinosas y corrupción”.

De esta manera, el directivo ratifica la postura de Conagrúas. “Que la Base Tarifaria se ajuste al cálculo de salvamento fuera del camino, ya que con esta medida se combatirán en su mayoría, los problemas que se tienen por los altos cobros que realizan algunos permisionarios pero que dañan la imagen de todo el sector”.

Sobre el marco jurídico, el empresario afirma que siguen esperando el resultado de la propuesta sobre un nuevo reglamento de grúas, aunque la SCT no haya podido justificar su expedición y la actual administración no se haya pronunciado al respecto.

Mientras eso sucede, esta organización ya está trabajando en el desarrollo de una Red de permisionarios de Conagrúas que atienda las situaciones de siniestros fuera del camino y apoye a los autotransportistas evitando cobros excesivos. “Se busca tener, por cada estado, un permisionario que apoye estas situaciones, además de ofrecer capacitación a las empresas de autotransporte en materia de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos, con el fin de explicar los derechos que tienen los usuarios de estos servicios y las obligaciones que tienen los permisionarios y el personal de las dependencias relacionadas con este sector”.

Y para trabajar de forma más estrecha con las autoridades, 23 permisionarios de Conagrúas recién crearon la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, A.C., organismo privado enfocado en homologar el sistema de operaciones, ampliar la cobertura y calidad de los servicios y actualizar los estándares en cuanto a tecnología de punta y buenas prácticas se refiere.

En entrevista para TyT, Enrique Dueñas, Presidente de este organismo, detalló que esta nueva etapa representa un proceso de cambio y de modernización necesario ante las demandas actuales.

“Queremos entrar en una frecuencia de innovación, seguridad y excelencia en los servicios, pues nuestro trabajo incide en preservar el patrimonio de las personas, ya que existen empresas que llevan más de tres generaciones sirviendo a sus clientes”, remató.