Para el sector, el programa de renovación vehicular es un tema prioritario al que se le debe dar continuidad. De acuerdo con líderes empresariales y asociaciones transportistas, éste debería mantener su vigencia a fin de reducir la antigüedad del parque vehicular y mejorar la seguridad en las carreteras.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 no se incluyeron recursos para este programa como tampoco en el anexo publicado el 18 de enero en el Diario Oficial de la Federación, en el que, al contrario, se deroga el esquema.

De acuerdo con la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), el que la chatarrización no apareciera en el paquete económico para este año tiene una explicación: en el 2015, cuando se emitió el decreto, se le estableció una vigencia, que posteriormente fue prorrogada al 31 de diciembre de 2017. Es decir, su vida legal ha concluido. Al esquema, afirma, no lo influye el tema electoral.

Esta oficina adelanta que se encuentra trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para rediseñar las bases y requisitos de un nuevo plan de renovación que pudiera ser vigente durante 2018.

La DGAF, que encabeza Elim Luviano Heredia, ha identificado algunos elementos que son susceptibles de mejora y que buscarán fortalecer para dar más transparencia al programa, entre estos se encuentran cadenas de seguridad dentro de las consultas que se hagan a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), establecer los criterios por los cuales los centros de destrucción pueden cancelar los folios para evitar la discrecionalidad, y garantizar a través de la videovigilancia y la grabación en tiempo real que los vehículos son realmente destruidos.

La Secretaría de Hacienda habrá de evaluar cuáles son procedentes y cuáles son incluidas dentro del nuevo programa. En tanto, la oficina de Autotransporte Federal indica que estará atenta a la disposición de los recursos que dé la SHCP, bajo el entendido de que habría que sujetarlo a la disponibilidad de los mismos sin dejar pendientes a la siguiente administración.

“No tengo una fecha en la que podría concretarse, pero para la SCT es prioritario el nuevo decreto con las reglas de operación y que podamos ya iniciar con una aplicación efectiva del programa. Lo hemos manifestado así a Hacienda y estamos atentos en todo momento a las inquietudes o comentarios que podamos hacer para que el decreto pueda emitirse a la brevedad”, señaló Luviano Heredia.

En principio y dados los resultados de 2017, la DGAF tiene previsto mantener el mismo número de folios para chatarrización. El año pasado se establecieron 3,000 para el hombre camión y 3,000 para los grandes permisionarios. Pero en mayo, el SAT dio a conocer modificaciones: esos 6,000 folios podían ser utilizados de manera indistinta y una vez que se agotaran se abría el plazo de 3,000 adicionales para el hombre-camión.

El programa de renovación vehicular ofreció a permisionarios un estímulo de hasta $336,414 para la adquisición de un vehículo nuevo a cambio de chatarrizar unidades de más de 10 años de antigüedad.

Cifras de noviembre de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) señalan que los folios otorgados para obtener una cita en los siete centros de destrucción de unidades, dentro del programa de renovación vehicular, llegaron a los 6,271, con datos actualizados hasta agosto.

De ese número, 5,896 habían sido aprovechados por empresas medianas y grandes. Los hombres-camión utilizaron tan solo 55, mientras que las personas físicas con más de cinco unidades requirieron 114.

La ANPACT ha reiterado que el 30% de la flota registrada ante SCT tiene 21 años o más de antigüedad, por lo que, si se desea detonar la renovación vehicular, es necesario destruir anualmente alrededor de 15,000 vehículos de carga y más de 4,000 de pasaje. Es decir, se requieren cerca de 20,000 folios de chatarrización.