Al concluir las audiencias públicas que permitieron analizar la reforma al artículo 19 constitucional, Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Junta Coordinación Política en la Cámara de Diputados, reveló que esta semana prevén aprobar dictamen sobre prisión preventiva oficiosa, iniciativa que busca ampliar el catálogo de delitos graves y que incluiría al robo al transporte de carga en éstos.

El legislador dijo desconocer qué pasará con el dictamen, pero está claro que se requiere mayoría calificada para su aprobación y “por eso abrimos estas audiencias, para escuchar a la sociedad civil y tener mayores elementos, a efecto de tener un dictamen final”.

Asimismo, explicó que hay tres opciones: irse con el dictamen actual – en el que la Comisión de Puntos Constitucionales solo contempló a la corrupción, delitos electorales y robo de hidrocarburos –  y se incorporen en el Pleno los delitos que generen dos terceras partes de la votación; la segunda es tomar la recomendación del Senado y aprobar la minuta en sus términos – ampliando el catálogo a nueve delitos – ; o aprobar la minuta como está.

Sin embargo, dijo, las audiencias generan otra opción, que es la posibilidad de ir al artículo 16 constitucional, pero “debemos revisar un poco más lo que haremos con el 19, porque más que la técnica jurídica también cuenta el debate político”. De considerarlo, explicó, podría leerse que en lugar de darle al Estado más instrumentos para acabar con la impunidad, se va en sentido contrario, “que ya no habría delitos con prisión preventiva oficiosa y que todos los va a determinar un juez. Tenemos que ser cuidadosos en esos balances”.

Previamente, señaló que algunas de las conclusiones de las audiencias fueron con sentido crítico y entre ellas está que la reforma constitucional va en contra de los derechos humanos, los restringe y no es necesaria, porque el contenido actual es suficiente para los fines que se persiguen, y que sería preferible buscar soluciones integrales y fortalecer al Ministerio Público y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Además, adoptar estas acciones criminaliza la pobreza y provoca el hacinamiento carcelario, pone en riesgo a cualquier ciudadano, no va a prevenir la delincuencia y es tóxica porque aumenta la probabilidad de injusticia, por lo que en su lugar se requiere fortalecer la prisión preventiva justificada.

No obstante, en la discusión también se reconoció que existen delitos que por su gravedad merecen medidas de mayor fuerza y es justamente en la Constitución donde deben establecerse las modalidades, y los que se adicionan son de alto impacto, de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además de que responde al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad. También que es necesario establecer la prisión preventiva que permita hacer efectivo el combate de delitos especialmente graves, como el aumento exponencial en el robo al autotransporte y comercio.

Eso sí, Delgado Carrillo afirmó que de ninguna manera se quiere engañar a la sociedad o a las víctimas presentando esta medida como la solución o la varita mágica al enorme déficit de justicia e impunidad que existe en el país.

“No vamos a encontrar una ley única que resuelva esto de manera integral, tenemos que ir enfrentando distintos aspectos del sistema de justicia, porque tiene una falta de eficacia tremenda en muchos lados”, añadió.