En el quinto Operativo Nacional Carretero y Aduanal en Materia de Residuos Peligrosos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) detectó el inadecuado manejo de 27.76 toneladas de baterías de plomo ácido usadas, arena sílica usada, aceite gastado y lámparas fluorescentes en Chihuahua, Guanajuato y Tlaxcala.

Esta acción se llevó a cabo el 2 y 3 de agosto de 2018 a nivel nacional, tras la instalación de puntos de revisión en las carreteras del país, donde se verificaron 4,290 unidades de transporte.

Además, el mismo ejercicio se desarrolló en 13 aduanas fronterizas, ocho aduanas marítimas y tres aduanas interiores o aeroportuarias; en estos sitios se revisaron 926 contenedores.

Con esta estrategia, la PROFEPA corroboró que este tipo de mercancías (residuos peligrosos) sean transportadas en unidades autorizadas por la SCT y la SEMARNAT y los operadores de éstas tengan la debida capacitación para el manejo de ese tipo de materiales.

Se contó con el apoyo de la Autoridad Aduanera, PF, PGR, SEDENA, MARINA y Policía Estatal de algunas entidades, a fin de llevar a cabo verificaciones aleatorias a unidades de transporte en las que se presuma son trasladados materiales peligrosos.

En el operativo participaron 174 Oficiales de la Policía Federal; 63 Oficiales de Aduanas; 79 Elementos Militares; 6 Elementos de la Secretaría de Marina; 34 Policías Estatales, y 15 Policías Municipales.

Con estas actividades se comprobó si este tipo de mercancías están debidamente envasadas y se encuentren en recipientes que impiden su liberación, fuga o derrame.

Además, que las unidades de transporte cuenten con los dispositivos necesarios para controlar posibles incendios y exposiciones, en virtud de que se transportan sustancias con características de inflamabilidad, corrosividad, reactividad, explosividad y alta toxicidad.

En los casos de incumplimiento a la ley en la materia, la Profepa impondrá sanciones hasta por un monto de 50 mil Unidades de Medida y Actualización; además de imponer medidas técnicas-correctivas, y de ser procedente interpondrá denuncia penal por presuntos delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.