Con el objetivo de prevenir el huachicoleo, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados propuso crear un sistema integral de información de permisionarios del sector y llevar un registro de compra y venta de combustible para detectar la adquisición de procedencia ilícita.

La iniciativa, promovida por la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, plantea la necesidad de fortalecer la colaboración interinstitucional para generar bases de datos cruzados que permitan a los órganos reguladores del sector hidrocarburos y dependencias con competencia directa en la comercialización y manejo de combustibles, tener acceso a información que ayude a la inspección, vigilancia y supervisión.

Tal sistema deberá integrar, cuando menos, identificación de permisionarios, registros contables, volumen de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos obtenidos lícitamente para llevar a cabo su actividad, y en el caso de la comercialización, expendio y distribución, el volumen y monto de las ventas, así como personas físicas o morales sancionadas por alguna irregularidad en el desarrollo de su actividad, sea por robo de combustible, evasión de impuestos, falsificación de reportes o venta de litros incompletos.

En éste participarían las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Fiscalía General de la República.

Las reformas a las leyes de Hidrocarburos, y Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos contemplan, además, incrementar medidas correctivas para aquellos que hayan actuado ilícitamente por la venta, almacenamiento, transporte o distribución de huachicol, por medio de la revocación inmediata de los permisos y la penalización de su conducta.

La diputada Fernández Cruz destacó que las organizaciones criminales han visto en el robo de combustible, una importante fuente de ingresos para sus actividades delictivas, lo que provoca pérdidas millonarias a empresas petroleras que operan en el país y riesgos a la población, contaminación del ambiente y mermas al mercado formal de gasolinas.

La ordeña se realiza mediante perforaciones a los ductos que transportan hidrocarburos, para luego depositar el combustible robado en contenedores que van desde garrafones de plástico hasta pipas, trasladarlo a zonas de resguardo, y distribuirlo como insumo para actividades productivas e, incluso, para su venta a estaciones de expendio al público.

El combustible robado puede ser vendido directamente a la gente de manera informal o “lavado” al amparo de permisos de “comercialización”, moviéndose para su expedición formal en estaciones de servicio o exportado vía marítima y comercializado en Latinoamérica o Estados Unidos.

La legisladora mencionó que en 2018, Pemex reportó 10,101 tomas clandestinas en todo el país, encabezan la lista Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz. Además, en 2017, las pérdidas por robo de combustible ascendieron a los 30,000 millones de pesos, agregó.

Según los diputados promotores de estas reformas, se permitirá que autoridades encargadas de verificar el correcto actuar de las actividades del sector hidrocarburos, tengan información integral de los permisionarios, y desincentivar el lavado de combustible al amparo de las autorizaciones correspondientes.