La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados excluyó al robo a transporte de carga de la lista de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva oficiosa, también conocidos como delitos graves; iniciativa contemplada en la reforma al artículo 19 constitucional.

Los actos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción – en casos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones -, robo de hidrocarburos, delitos relacionados con armas y explosivos de uso de las Fuerzas Armadas; son aquellos que no fueron eliminados de este catálogo.

Al respecto, Patricia Vizcaya, Gerente Jurídico y de Normatividad de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), señaló que esta agrupación hará las gestiones necesarias para volver a incluir el robo al transporte de carga en todas sus modalidades en el listado de delitos graves, debido al fuerte impacto que este ilícito tiene.

Consideró, además, que esto abonaría al Sistema de Justicia Penal, del cual no se han obtenido los resultados deseados en este delito en específico.

“Queremos que nuestros legisladores sean sensibles al tema y se incorpore de nuevo”, expresó en la emisión semanal del programa ANTP Live.

Por su parte, Germán Paz, Coordinador de Seguridad de ANTP, explicó que los diputados argumentaron que la prisión preventiva debe ser considerada una medida cautelar y no punitiva; no obstante, comentó que la reforma más bien permite que aquellos que cometen robo a transporte de carga puedan quedarse detenidos, dado que actualmente los presuntos delincuentes salen libres en un par de días, ya que no se logra justificar la medida cautelar.

“Cabe resaltar que estas medidas cautelares no siempre son eficientes o eficaces para hacer que el probable responsable se presente o se dé continuidad al proceso penal”, dijo.

Agregó que, aunque los diputados argumentaron el derecho a la libertad durante un proceso penal, hay pruebas y estadísticas de que este delito merece prisión preventiva oficiosa, ya que se ha registrado un aumento en el uso de violencia y homicidios a operadores.

“Es importante que nos den la oportunidad de explicar el porqué es necesaria esta incorporación a delitos graves del artículo 19 constitucional”, señaló.

Luego de que el Senado de la República aprobara dicha reforma, ésta fue turnada a la Cámara baja. Ahora, tras las modificaciones hechas por la Comisión de Puntos Constitucionales, será discutida en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, que iniciará el próximo 16 de enero, y donde también se abordará el Proyecto de Decreto que da vida a la Guardia Nacional.