Si bien el robo al transporte de carga ha sido tipificado como delito grave, para el transporte público sigue siendo un tema a discusión. En las últimas semanas, se ha disparado el número de casos en el Estado de México, aun cuando el Gobernador Alfredo del Mazo ha presumido una baja en los índices del delito.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad indican que el Estado de México ocupa el primer lugar en robo al transporte público con 4,769 robos en el primer semestre del año, por debajo está la Ciudad de México con 4,395 robos y en tercer lugar Puebla, al reportar 241 casos ilícitos. Se debe considerar que no todos los estados comparten dicha información.

Durante la sesión del pasado 6 de agosto, diputados del Estado de México presentaron una iniciativa ante el pleno del Congreso mexiquense para catalogar el robo en el transporte público como delito grave, con lo que se incrementaría la sanción de 12 a 18 años de prisión para quien cometa dicho ilícito.

En entrevista para TyT, el diputado local Gerardo Ulloa Pérez explicó que con esta medida se busca inhibir este delito en todas sus modalidades y así contribuir de manera responsable a priorizar en el tema.

“El Estado de México es considerada la entidad federativa donde se cometen más robos a transporte. Cada hora se comete un robo a bordo de autobuses destinados para el transporte público, siendo Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Naucalpan los municipios con mayor incidencia delictiva”, dijo el legislador.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, agregó, el número de robos registrados es un 10% mayor respecto al mismo periodo del año pasado.

Asimismo, Ulloa Pérez destacó la importancia de que las personas puedan sentirse seguras en sus traslados, así como la certeza de las rutas al brindar el servicio.

“Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública de 2018 indican que el 75.5% de la población mexiquense mayor a los 18 años no se siente segura de viajar en transporte público, por lo que es importante que se tomen las medidas necesarias para contrarrestar este delito”, sentenció.

La propuesta plantea reformar los artículos 9 y 290, fracción XVIII, y ha sido turnada a las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y Seguridad Pública y Tránsito para su dictamen.