La era de Andrés Manuel López Obrador ha representado una serie de cambios para el país, sobre cómo hacer política y tomar decisiones que impactan a la vida pública. Para el autotransporte no ha sido la excepción, pues rubros tan importantes para la operación de las empresas como es la seguridad en carreteras se ha visto tocada por la visión de la Cuarta Transformación.

El estandarte principal de esta administración federal, en esta materia, es la instauración de la Guardia Nacional, una corporación de seguridad pública de carácter civil con disciplina y entrenamiento militar.

Según la Ley de la Guardia Nacional, emitida a finales de mayo, este cuerpo es responsable, entre otras actividades, de salvaguardar la integridad de las personas y patrimonio en las carreteras federales y los medios de transporte y sus servicios auxiliares que operen en las vías generales de comunicación.

Asimismo, detalla que entre sus atribuciones y obligaciones está el determinar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado; así como la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en puntos de revisión aduaneros.

Dicha ley incluso precisa que la Guardia Nacional está autorizada a intervenir comunicaciones –bajo un ordenamiento legal– en casos de robo en carreteras.

Y hasta ese punto se entiende que la Guardia Nacional sí será responsable de la seguridad en carreteras, sustituyendo la labor que hoy hace la Policía Federal (PF) desde su División de Seguridad Regional.

No obstante, el tema comenzó a tener opacidad cuando el pasado 28 de junio, el Gobierno de López Obrador publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo que establece que los miembros de la Divisiones de la PF: Fuerza Federal y Gendarmería, son los que se deben adherir a la Guardia Nacional. Solo ellos. Dejando en una interrogante al resto de las divisiones y generando inconformidad entre los policías federales, quienes unos días después tomaron las instalaciones de la corporación en expresión de protesta.

De hecho, en su participación en el Foro Nacional del Transporte de Mercancías de la ANTP, el Comisario Juan Manuel Ayala, Coordinador Estatal de Quintana Roo de la Policía Federal, dijo que no se les ha notificado sobre una posible adhesión de su coordinación a la Guardia Nacional.

A esta confusión se le suma que el propio AMLO señaló que es la Policía de Caminos (la Policía Federal) quien continuará vigilando las carreteras. “Esa no es función de la Guardia Nacional, va a continuar la misma Policía Federal de Caminos”.

¿Contra la ley?

Cabe mencionar que López Obrador hizo referencia directa a un cuerpo policiaco que desapareció en 1999, cuando la Federal de Caminos se sumó a la Policía Federal Preventiva.

Y eso no es todo, si la Ley de la Guardia Nacional es clara al señalar que es esta corporación responsable de la seguridad en carreteras federales, como ya se mencionó anteriormente, el Reglamento de dicha ley –publicado en el DOF el pasado 29 de junio– detalla que dentro de este cuerpo hay una Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, responsable de las sanciones en estas vías de comunicación y:

“Vigilar, mantener el orden, garantizar la seguridad pública, combatir el delito y prestar el servicio de prevención en los caminos y puentes de jurisdicción federal, los medios de transporte que operen en ellos y de sus servicios auxiliares, previstos en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal”.

Lo que incluye establecer, para fines de seguridad pública, dispositivos de inspección, seguridad y vigilancia que permitan la supervisión del tránsito de personas, vehículos y mercancías en el ámbito de competencia señalado en la fracción anterior.

Concretamente sobre el Comandante de la Guardia Nacional, refiere que entre sus atribuciones está el proponer al Secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, las políticas de control y los dispositivos de vigilancia en la imposición de las sanciones por faltas en el tránsito en caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado.

Entonces, según la Ley y Reglamento de la Guardia Nacional, ésta es responsable de la seguridad en carreteras federales. No obstante, los dichos y acciones no parecen coincidir estas disposiciones publicadas en el DOF y firmadas por el propio Gobierno federal.