Los Gobiernos de las 32 entidades deben implementar estrategias para garantizar la seguridad de bienes y personas que utilizan el servicio de transporte público en cada una de las 74 zonas metropolitanas del país, exhortó la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.

La propuesta promovida por la diputada Eloísa Chavarrías y el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señala que las zonas metropolitanas son un nuevo paradigma en la urbanización, que albergan a 75.1 millones de personas en el país y que representan grandes retos en términos de servicios públicos, movilidad, vivienda, empleo y seguridad.

A la par de su crecimiento, en éstas han surgido nuevos modus operandi en los delitos a bordo del transporte público que se han convertido en un tema cotidiano, cita el dictamen emitido por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de México, el índice delictivo que reportó la Procuraduría de Justicia capitalina indica que en 2017 se denunciaron 769 robos con violencia en el transporte público y 3,240 sin violencia.

Además de esta problemática, añade el documento, se encuentran la saturación del servicio, la falta de capacitación a operadores, el parque vehicular obsoleto y violaciones a la normatividad vigente. Ello, provoca que los usuarios prefieran evitar usar el transporte público y adquirir un automóvil.

“Es necesario que el Estado realice coordine políticas públicas eficientes en materia de transporte público en las grandes ciudades, a través de las cuales se puedan prevenir accidentes y dar certeza a los usuarios, tanto en su seguridad como en sus bienes”, cita y urge una transformación de fondo en materia de movilidad.