Falta de documentos como licencia de conducir, póliza de seguro, tarjeta de circulación o bien por falta de concesión o malas condiciones físico-mecánicas para prestar el servicio de transporte público de pasajeros, son los motivos por los cuales del 2011 al 2017 un total de 30,625 vehículos fueron sancionados en operativos del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

El órgano capitalino informó que sus verificaciones son coordinadas por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), encabezada actualmente por Carlos Meneses, cuentan con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y se realizan derivados de denuncias ciudadanas en las que se reporta mala calidad en el servicio.

Los resultados de los distintos operativos que realiza el INVEA en las calles y avenidas de la CDMX han arrojado que las remisiones a distintos corralones sumen un total de 14,134 casos, donde los operadores al momento de las verificaciones carecen de algún tipo de documentación.

Por esas anomalías fueron sancionados 5,595 microbuses y autobuses; mientras que 8,072 taxis también fueron enviados al corralón, al igual que 467 vehículos de otras características, todos ellos dedicados al transporte público.

En lo referente a inmovilizaciones hasta por 30 días de vehículos en malas condiciones como llantas lisas, falla en el sistema de luces, vestiduras y asientos, entre otras, las sanciones acumulan 16,491 unidades.

A 8,959 colectivos se les aplicó la inmovilización, mientras que 7,474 de transporte individual corrieron la misma suerte, además de 58 de otras características.

Es necesario destacar, explica INVEA en un comunicado, que la suspensión de actividades es una medida que aplica a aquellos vehículos que al momento de la revisión están en malas condiciones físico-mecánicas; sin embargo, a los conductores o dueños no se les aplica ninguna multa.

De acuerdo con el programa a las unidades se les colocan sellos de suspensión de actividades que les impiden prestar el servicio hasta por 30 días, tiempo en el cual tienen la posibilidad de ser reparados de los desperfectos que fueron detectados, una vez concluida la restauración acuden a un nueva revisión y, si están en buenas condiciones, pueden volver a circular.

El objetivo de esta medida es que los conductores inviertan en el arreglo de su vehículo en lugar de pagar una multa.