El Grupo Movilidad de Vanguardia (MOVA), solicitó al Gobierno de la Ciudad de México que dentro del compromiso de modernización del servicio, contemple el regreso del bono de chatarrización para apoyar el financiamiento de la renovación del parque vehicular, la creación de sociedades mercantiles y la profesionalización de los operadores, así como fortalecer la regulación del servicio, conforme lo contempla la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

Los dirigentes que coinciden en MOVA, señalaron que el 70% de la población en la capital del país realiza sus traslados en unidades de pasajeros, microbuses o autobuses, los cuales en su mayoría ya rebasaron hasta tres veces su vida útil y no garantizan la seguridad de quien los usa. Además, carecen de tecnologías de control de emisiones contaminantes, otra razón más para realizar el esfuerzo de modernizar el parque vehicular, pues esto sería favorable para el mejoramiento de la calidad del aire.

Jesús Padilla Zenteno, Presidente de MOVA y de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), dijo que es necesario implementar cambios estructurales e institucionales, por lo que el GDF deberá impulsar acuerdos con el Gobierno Federal orientados a la realización de estudios para el financiamiento e, incluso, permitir la intervención de la iniciativa privada a través de las empresas armadoras y distribuidoras de autobuses, las cuales pueden recibir unidades a cuenta para ser chatarrizadas.

El directivo explicó que se trata de apoyar a los concesionarios en la búsqueda de financiamiento ante la banca, con la colaboración del Gobierno y de Nacional Financiera (Nafin), a fin de lograr tasas de interés más competitivas −de un dígito− que impidan a los participantes caer en cartera vencida y perder su concesión, la cual se queda en garantía. Señaló también que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), tiene recursos que podrían financiar proyectos de transporte en la Ciudad de México.

Padilla Zenteno aseguró que los recursos del Fondo, además de incentivar la creación de nuevas redes de transporte, aportarán oxígeno a los concesionarios, quienes también requieren acceso al crédito bancario en condiciones más favorables. Hasta hoy, la inversión en el servicio de autobuses en el D.F. recae completamente en el concesionario, quien no recibe ningún apoyo económico gubernamental, ni local ni federal, como sí ocurre en otros países para impulsar la calidad del servicio.

En materia de transporte público, aseguró Zenteno, es imprescindible otorgar concesiones únicas por corredor o ruta, lo cual impedirá concederlas de manera individual y acabará con el esquema del hombre-camión. En ese contexto, es necesario generar bonos de chatarrización del valor de las unidades y darles recursos de contragarantía como mitigante de riesgo.

Asimismo, finalizó, es preciso promover un modelo urbano que reduzca las necesidades de viajes en automóvil e incentive el transporte público por su rapidez y seguridad, en el entendido de que los sistemas de transporte público con calidad y accesibilidad para todos, no se financian únicamente con tarifas.