El Congreso de Jalisco aprobó las reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, lo que implica el posible cobro para el transporte de carga por un permiso para circular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el cual –extraoficialmente– se ubicaría en 18,000 pesos para vehículos articulados y 36,000 para biarticulados.

Esta información encendió las alarmas entre transportistas tapatíos y que brindan servicio en la zona, por lo que el Termómetro TyT indagó entre las consecuencias más graves para los transportistas por este posible cobro, reuniendo un total de 344 opiniones en la cuenta de Twitter @revistatyt.

En primer lugar se colocó no dar servicio en el AMG, concentrando el 32% de los votos (110).

En entrevista para TyT, Enrique González Muñoz, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) comentó que este tentativo cobro, sin duda, se traducirá en un efecto inflacionario, ya que si el transportista debe pagar por dar un servicio en esta zona, no descartó la posibilidad de que los empresarios del sector ya brinden el servicio.

Salvador Hernández, Presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA) también comentó que el problema con los costos es que los transportistas podrían decidir ya no prestar servicio en la AMG –afectando al abasto–.

En segundo lugar se colocó la improductividad de la flota con 30% (103) de los votos. En un principio, por la propia restricción de horas, los vehículos tendrán cierto tiempo detenidos; si bien es un punto en el que los propios transportistas han estado de acuerdo, les preocupa no poder pagar el permiso de cada unidad, lo que les orillaría a no ponerlo a trabajar.

En tercer lugar se colocó emprender una batalla legal, con 24% de la participación (83). Ante este escenario, Leonardo Gómez, Director General de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP),reveló a TyT que tanto los abogados de cada empresa afectada como el propio equipo jurídico de esta agrupación8 tienen tiempo para estudiar qué vías legales e instancias pueden utilizar para revertir esta disposición

“Muy probablemente bajo la figura de amparo, como pasó hace no mucho tiempo en la Zona Metropolitana de Monterrey”, dijo.

Es importante recordar que fue la propia Comisión Federal de Competencia Económica quien dictaminó que el Reglamento de Tránsito Homologado de Nuevo León atentaba contra la libre competencia económica, toda vez que mermaba la rentabilidad de las empresas que debieron pagar permisos de circulación por cada uno de los once municipios de la Zona Metropolitana de Nuevo León.

Finalmente, se colocó la falta de flujo para invertir, con 14% de las opiniones a favor (48). Y es que destinar –tentativamente– 18,000 ó 36,000 pesos por vehículo al año, en una flota de 50 camiones implicaría gastar desde 900,000 hasta un millón 800,000 pesos, un presupuesto que bien podría aplicarse a la (re)inversión para infraestructura, personal, capacitación y renovación de flota.