El Gobierno de Nuevo León presentó ante el Congreso de la entidad la iniciativa para expedir una nueva Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León, la cual busca tener un esquema más ordenado de movilidad.

La iniciativa llega al Legislativo nuevoleonés luego de una especulación sobre la posible sobrerregulación del transporte de carga. Y es que, en semanas previas, la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) pronunció su preocupación porque el proyecto de ley contempla que vehículos de carga con placas federales deben cumplir un registro ante las autoridades estatales.

Cabe recordar que desde 2017, la industria del autotransporte en Nuevo León ha enfrentado una batalla legal contra el Reglamento de Tránsito Homologado promovido por los municipios metropolitanos del estado, el cual señala restricciones a las unidades de carga en determinados horarios y que no cuentan con permisos emitidos por los propios ayuntamientos.

Luego de que apenas el mes pasado la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) determinará que dicha normativa es anticompetitiva y urgiera su modificación, surge la propuesta de nueva Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León, la cual, pese a ser un documento público no está disponible aún de manera integra en los medios de difusión oficiales del Gobierno ni del Congreso.

A través de un comunicado, el Gobierno estatal solo informa la presentación del documento en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, por parte de Manuel Vital Couturier, Secretario de Desarrollo Sustentable; Jorge Longoria Treviño, Director de la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad, y Homero Cantú Ocho, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana.

La administración de la entidad destaca que con la nueva ley se creará un Consejo Consultivo Ciudadano, que estaría integrado, entre otras instituciones, por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y la Universidad Metropolitana; además de un representante para personas con discapacidad, del Consejo Técnico Consultivo de Participación Ciudadana para Personas Adultos Mayores, del Consejo Joven de Participación Ciudadana del Instituto Estatal de la Juventud, del Consejo de Participación Ciudadana del Instituto Estatal de las Mujeres, el presidente del Observatorio Ciudadana de Seguridad Vial, entre otras instituciones del sector privado y asociaciones civiles o colectivos que representen a los usuarios del transporte público.

Aunque no abunda en detalles, este organismo sería responsable de proponer las estrategias para la movilidad del transporte, realizar los estudios técnicos y financieros relacionados con la tarifa, ordenamiento del transporte y de realizar estudios de factibilidad para nuevos fraccionamientos desde el punto de vista de la movilidad.

La propia administración resalta el hecho de que será un organismo 100% ciudadano, mientras que, previamente, CAINTRA denunció que la proporción es inequitativa y el Gobierno prácticamente está dejando al sector privado fuera de las decisiones que se tomen en materia.

Además, la nueva ley incluye la figura de fusión o asociación de concesionarios (Consorcios) que actualmente no está regulada y de los servicios de transportes por demanda a través de plataforma digital.

Asimismo, señala que el proyecto contempla también reformas complementarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, mismas que tampoco especificó el Gobierno.