Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México, destacó que las modificaciones a esta normatividad combatirán la corrupción en las corporaciones de tránsito. Se aplicarán penas de uno a cinco años de prisión a elementos que incumplan los lineamientos, y se eliminaron causales para la remisión de autos a un depósito vehicular.

Se reformó el Código Administrativo, por lo que a partir del 29 de abril entró en operación el Reglamento Único de Tránsito para los 125 municipios de la entidad, y las acciones encaminadas a combatir los abusos y reducir los casos de corrupción son:

1.     La Policía de Tránsito del Estado de México, y de los 20 municipios que cuentan con esta facultad, está integrada exclusivamente por mujeres, quienes son las únicas autorizadas para levantar infracciones. Portan uniforme y conducen patrullas en negro con vivos naranja.

2.     Se eliminaron las causales para que un vehículo sea llevado al corralón, ahora son sólo cuatro motivos: la falta de placas; cuando éstas no coinciden con los números y letras de la calcomanía y tarjeta de circulación; cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga, y si el automotor participó en un accidente grave.

3.     Los agentes no pueden obligar a usar una grúa, en caso de que sea necesario el resguardo del vehículo en un depósito y si se encuentra en las condiciones mecánicas para poder circular, el automovilista lo puede conducir.

4.     En caso de ser infraccionado la agente de tránsito puede retener los documentos del automovilista, sólo en el caso de que el auto tenga placas de otra entidad, si transporta carga perecedera, cuando no esté verificado o circule en días no permitidos.

5.     Se pone a disposición el número telefónico Infracción Transparente 01800 900 33 00, que opera las 24 horas los 365 días del año, para proporcionar asesoría y para denunciar al servidor público que sin causa justificada intente infraccionar o extorsionar.

6.     Los elementos que incumplan con estos lineamientos serán sancionados con prisión de uno a cinco años por abuso de autoridad, y quedará inhabilitado de dos a ocho años para desempeñar cualquier cargo público.