En enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la convocatoria para contratar a 2,000 operadores para la distribución de combustible en las 500 pipas de Sedena adquiridas en el marco de su estrategia de combate al huachicol.

El acuerdo estipulaba que el contrato tendría una vigencia de cinco meses y medio, con un sueldo de 29,500 pesos mensuales y una posible recontratación, sin embargo, al estar en una estancia militar, debían acatar una serie de reglas disciplinarias y, debido a su incumplimiento, decenas de operadores no fueron recontratados.

El lunes 22 de julio operadores protestaron afuera del Palacio Nacional exigiendo la renovación del contrato, además, pedían un diálogo con el presidente López Obrador para exponerle supuestos casos de maltrato por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Los inconformes reclamaron despidos injustificados, sin embargo, de acuerdo con testimonios, su salida se debió a que no hubo renovación del contrato. Así que para saber qué tan justificada fue esta medida, platicamos con un operador que formó parte de la primera etapa de este proyecto. Esto fue lo que nos contó.

Desde el principio hubo anomalías

El operador explicó que durante el reclutamiento llegaron personas de todo tipo, incluso algunos que todavía no cumplían los 25 años de edad, otros no contaban con la licencia tipo E para manejar material peligroso. En total fueron contratados 1,600 operadores, de los que cinco eran mujeres.  

Al hacer los filtros correspondientes, militares detectaron falta de experiencia de varios de los reclutados y no les volvieron a dar el contrato.

Mal comportamiento, malos hábitos

Cada militar tenía a su cargo a 100 operadores, a diario se pasaba lista, cada retardo o falta injustificada se iba acumulando al expediente para la recontratación. De acuerdo con el testimonio, existía indisciplina.

“Mi compañero de ruta llegó a presentarse en condiciones inapropidas, le hice un llamado para que se comportara o pidiera su cambio con otro operador, tuve que reportarlo. Hay discriminación y el ambiente se torna pesado, por eso, opté por solicitar mi baja”, denunció.

A raíz de los problemas que se fueron suscitando, la fuerza militar redobló las medidas de seguridad e incluso implementó la prueba de alcoholemia.

La hora de la recontratación 

Del 1 al 15 de julio comenzaron a vencer los contratos, a mediados del mes solamente llamaron a las personas que cumplían con los requisitos y no acumularon faltas en el expediente, y aunque a los despedidos se les dio una liquidación de casi 40,000 pesos, no dejaron atrás las protestas y manifestaciones.

“De los 1,600 operadores que empezaron, solo quedaban 1100 a la mitad del año, los militares no querían a más personas que no cumplieran cabalmente con los requisitos. En esta etapa ya empiezan a considerar detalles que al principio no tomaron en cuenta”, dijo.

Antes de terminar el contrato, Sedena lanzó una segunda convocatoria en la que fueron contratadas 300 personas.