El Congreso de Quintana Roo aprobó la nueva Ley de Movilidad del Estado, la cual busca garantizar a los quintanarroenses transporte, infraestructura, condiciones administrativas y prestación de servicios que partan y tengan como objetivo primordial la satisfacción del derecho humano a la movilidad.

En tribuna, el diputado Mario Baeza Cruz, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, explicó que esta nueva legislación otorga prioridad en el espacio vial a los peatones, incluyendo a las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, ciclistas, transporte público, transporte de carga y distribución de mercancías y, por último, a automovilistas.

Además, con esta ley se creará el Instituto de Movilidad del Estado como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad.

También tendrá entre sus finalidades diseñar e impulsar programas que promuevan la adopción de nuevos hábitos de movilidad encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, lograr una sana convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito y fomentar el uso racional del automóvil particular.

Uno de los puntos más relevantes de la nueva ley, es la eliminación de la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones del servicio público de transporte, ya que la facultad que actualmente está a cargo del gobernador del Estado, se transferirá al Director General del Instituto, para que el ejercicio de la facultad responda a la necesidad de servicio tomando en cuenta factores estrictamente técnicos y sociales y no a favores políticos.

La ley señala que, en el otorgamiento de concesiones, el Instituto vigilará que se eviten prácticas monopólicas.

El texto señala que el procedimiento estará sujeto a la formulación de una Declaratoria de Necesidad que expedirá el Instituto, la cual deberá contener: datos estadísticos obtenidos en relación a la oferta y demanda del servicio; el tipo y características de los vehículos que se requerirán, exposición de las circunstancias que sustenten el incremento de concesiones, así como los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento.

Es importante señalar, de acuerdo con el decreto, ninguna concesión se otorgará si con ello se establece una competencia ruinosa o ésta va en detrimento de los intereses de los usuarios, o cause perjuicio al interés público.

En todos los casos, los prestadores de este servicio deberán cumplir con ciertas obligaciones para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cabe mencionar que, según lo establecido en los artículos transitorios, la ley entrará en vigor en 90 días naturales siguientes a su publicación en el Periódico Oficial. Además, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor, el gobernador deberá nombrar al director general del Instituto de Movilidad.

El nuevo ordenamiento legal surgió de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI, Encuentro Social, Nueva Alianza, de los diputados independientes, así como de las propuestas vertidas en diversos foros y mesas de trabajo que, sobre el tema durante varios meses, así como de reuniones con organizaciones diversas dedicadas al transporte público de pasajeros.