Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, ha aceptado en repetidas ocasiones que una de las asignaturas pendientes en su gobierno es la inseguridad. Así llega al primer año en el poder, con un alza en los ilícitos, y uno de ellos es el robo al autotransporte de carga.

 

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren una tendencia a la baja en el robo a transportistas, de 2.7 por ciento, en los primeros 10 meses del año, al pasar de 9,985 casos en 2018 a 9,714 denuncias del fuero común este año, bajo el mandato de AMLO.

 

Sin embargo, al sumar los delitos del fuero federal, reportados por la Fiscalía General de la República (FGR), en el periodo de referencia totalizaron 4,401 casos, casi el doble respecto a los 2,396 ilícitos registrados en el mismo lapso de 12 meses atrás, la realidad es otra: la tendencia va al alza.

 

Es decir, entre enero y octubre de 2019, se cometieron 14,115 delitos –del fuero federal y común– en contra del autotransporte de carga, 14% más respecto a los 12,381 casos reportados en igual lapso de un año atrás, de acuerdo con información recopilada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

 

“La inseguridad en carreteras está muy fuerte, pero vamos avanzando, con buena comunicación con las autoridades, seguramente se necesita más inversión en seguridad pública, porque la privada ya la estamos haciendo”, refirió Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

 

De acuerdo con información de la empresa que ofrece servicios de seguridad en la cadena de suministro, SensiGuard, de enero a septiembre pasado hubo 12,980 robos al transporte de carga en México, 14.4% más casos frente a su reporte de los primeros tres trimestres de 2018.

 

Las estadísticas del sector privado confirman, una vez más, el incremento en este delito que cuesta 92,500 millones de pesos al año a los empresarios, tan solo en temas de prevención, atención y seguimiento al ilícito, según el estudio realizado por el Despacho Consultores Internacionales.

 

 

 

El líder del sector industrial aseguró, en entrevista para TyT, que entre los avances está la instauración de mesas de trabajo con Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las cuales tienen un foco especial en crear una mayor coordinación con la policía municipal.

 

“Con las policías municipales es donde tenemos problemas, pides auxilio y nunca llegan. No quiere decir que hablemos de todos, son algunos municipios que, claramente se ve, están involucradas las policías locales”, sostuvo Cervantes Díaz.

 

 

Impartición de justicia, en la mira

 

En declaraciones por separado, Enrique González Muñoz, presidente de la Canacar, sostuvo que pese a que se ha tenido avances en materia legal durante el gobierno de AMLO, como la tipificación de la portación de jammers como un delito grave, aún se debe trabajar en la impartición de justicia.

 

“Tenemos que seguir trabajando en la impartición de justicia. Nos consta que en ocasiones la Policía Federal, o algún tipo de corporación policiaca, llegan a detener a los grupos delictivos y por la puerta giratoria, por el sistema penal acusatorio o por la manera en que van fundamentadas la presentaciones de las querellas, llegan a salir más rápido que lo que nosotros (tardamos en hacer) la acreditación de nuestro camión.

 

“Son varios frentes en los que se está trabajando, lo primero que logramos es que se tipificara como delito federal, y falta que tenga el mismo tratamiento la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército”, aseveró.

 

El Presidente de Canacar reconoció que las estrategias implementadas en coordinación con el equipo de AMLO tendrán efectos, por muy temprano, en el mediano plazo –un año–, mientras que el avance esperado se reflejará en los próximos tres años.