El Pleno del Senado aprobó, por 71 votos a favor y siete en contra, un dictamen que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para incluir el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, en el catálogo de esta legislación.

Lo anterior, debido a la alta incidencia de este delito, sus violentas formas de comisión, por su organización y estructura para perpetrarlo, los riesgos y amenaza a la integridad de las personas que se trasladan por carretera, así como el impacto negativo y pérdidas económicas que genera en el sector público y privado.

A propuesta de los senadores Miguel Ángel Mancera y Verónica Martínez García se modificó el dictamen para incluir al transporte ferroviario, por lo que la iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y aval.

Según lo planteado en el Senado de la República, el autotransporte es un sector de gran relevancia pues contribuye con el 3.2% del PIB Nacional, además de que genera seis millones de empleos directos e indirectos anuales.

Por lo que es fundamental que el robo a autotransporte federal sea investigado por el Ministerio Público, como delincuencia organizada, debido a la estructura y organización con la cual se perpetra.

Al respecto, el senador José Alejandro Peña Villa, dijo que este delito es parte de la actuación del crimen organizado a lo largo del país. Precisó que para diciembre de 2018 había un total de 12,206 robos a autotransporte de carga, de los cuales 10,371 fueron con violencia. Por ello, esta reforma dotará a las autoridades de instrumentos que le permitan hacer frente a este delito.

Por su parte, el legislador Damián Zepeda se pronunció en contra de la iniciativa, al considerar que viola los derechos humanos. “Es una contrarreforma al sistema de justicia penal y a la presunción de inocencia, apuntó. Lo que se requiere es una mejor investigación y fortalecer a la Fiscalía General”, dijo.

A su vez, la senadora Kenia López Rabadán pidió que se busque la coordinación de policías de los tres niveles de Gobierno, con canales de comunicación que garanticen resultados.

Finalmente, Martí Batres Guadarrama expresó que esta reforma constituirá una herramienta disuasiva y operativa, que apoyará a la autoridad en el combate a la delincuencia. Con ella, agregó, se podrá proteger a la población y empresas “justo en una situación como la que vive el país en términos de violencia y delincuencia”.