Sin duda, las empresas de autotransporte y flotas privadas se han dedicado a desarrollar sus propias estrategias para prevenir el robo en carreteras o prevenir este delito; sin embargo, las autoridades también se han sumado a construir la seguridad que todos queremos en el autotransporte y tuvieron su espacio de exposición en el XIX Foro Nacional de Transporte de Mercancías de la ANTP.
María de los Ángeles Fromow, moderadora del panel en materia, destacó que el hecho de que participan las autoridades que diariamente se enfrentan a uno de los flagelos que más afectan a la industria. Los ojos de la autoridad, dijo, da la oportunidad de conocer las mejores prácticas que los responsables de la seguridad están implementando.
Coordinación con el sector
Jorge Winckler, Fiscal General de Veracruz, compartió que, a través de mesas de coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno y sector empresarial, han logrado ubicar los principales puntos de incidencia.
La sinergia con transportistas ha permitido promover una cultura de interposición de denuncias y la generación de objetivos específicos. Además, se estableció un seguimiento personalizado de carpetas de investigación a través de un fiscal especializado para el tema. Asimismo, los transportistas tienen contacto directo con todos los fiscales regionales de la entidad.
También, explicó que la Fiscalía del estado pugna en todo momento por la devolución de vehículos recuperados a sus propietarios con la finalidad de evitar mayores perjuicios económicos en el sector.
Un diagnóstico de política criminológica
Manuel Alonso García, Secretario de Seguridad Pública de Puebla, opinó que una de las consecuencias del plan contra el huachicol, implementado por el Gobierno federal, es la migración del los delincuentes del robo de hidrocarburos al robo de autotransporte.
Como muestra, el funcionario estatal mostró un mapa de los ductos de Pemex y la ubicación de la incidencia de robo a transportista, homicidio y robo de vehículos, según su información estos coinciden; esto derivado de la migración de delincuentes a otra actividad ante el cierre de ductos como medida de prevención de robo.
Por ello, se pronunció a favor de crear una política criminológica, que si en dihco ejemplo se hubiera aplicado se habría determinado qué sucedería con los delincuentes.
Alonso García informó que este análisis debe ser integral desde el ámbito transversal y multifactorial, es decir, se deben realizar diagnósticos que brinden un panorama más detallado del fenómeno delictivo, de las necesidades de la sociedad, así como de las instituciones policiales.
Las estrategias derivadas de ese diagnóstico, dijo, deben enfocarse en brindar atención inmediata a las causas y los factores de la criminalidad que impliquen no solo la eventual disminución de la incidencia, sino también el desarrollo de sociedades pacíficas y seguras.
Como parte del diagnóstico se deben considerar los factores que rodean a la alta incidencia como la pobreza, la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia, la corrupción, la falta de institucionalidad policial y el sistema penitenciarios. Concretamente en los últimos años el problema se ha agudizado por la impunidad del Sistema de Justicia Penal, la alta cultura de la violencia y pérdida de valores y tejido social, la falta de inversión en seguridad pública y el déficit de policías y equipamiento.
Trabajo interinstitucional
El Comisario Juan Manuel Ayala, Coordinador Estatal de Quintana Roo de la Policía Federal, señaló que en esta entidad se realiza un trabajo coordinado entre la SEGOB, la SEMAR, SEDENA, Capufe, el SAT, la SCT y el Centro Nacional de Inteligencia.
Asimismo, destacó que la sinergia con las coordinaciones de los estados vecinos, tanto Yucatán como Campeche, han influido en la baja incidencia del delito. Y, subrayó, en los pocos casos que se han presentado, se han recuperado las unidades.
