En días recientes, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) enviaron una carta a Francisco Arturo Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, para exhortarlo a respetar el acuerdo fiscal que prevalece entre su Gobierno y la autoridad federal para detener el contrabando de vehículos usados extranjeros mejor conocidos como “chocolate” o “chuecos”.

Ahora, Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, vuelve a poner el dedo en el renglón y hace un llamado al Gobierno federal y al equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, para que este periodo no sea causa de vulnerar los logros que se han obtenido en esta materia y que el gobernador Vega ha buscado en diferentes espacios.

Para dimensionar el problema, Rosales Zárate reveló que durante el primer semestre del año, la entrada de vehículos usados al país alcanzó 64,456 unidades, cifra que representa un 24.5 por ciento, respecto al mismo periodo 2017.

Y el panorama para vehículos pesados no es menor: el año pasado incrementó 28% con la agravante de que, en promedio, los vehículos que ingresan al país tienen más de 16 años de antigüedad.

Por esta razón, el representante de la AMDA explicó que la Secretaría de Hacienda, el SAT y el equipo de transición de AMLO deberán redoblar esfuerzos para explicarle al Gobierno de Baja California las implicaciones de permitir la legalización de este fenómeno.

“Nuestra gran preocupación y ocupación es no permitir, que legisladores y autoridades futuras, echen por la borda lo logrado en los últimos años, en el control de vehículos importados usados”.