Gracias a las reuniones y acuerdos alcanzados entre autoridades de Jalisco y distintas asociaciones, se estima que a finales de abril se cuente ya con algunas definiciones más concretas en materia de reglamentación de grúas.

Lo anterior lo señaló la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran), que destacó los «buenos acuerdos alcanzados» en el más reciente encuentro. En el encuentro participaron representantes de la Asociación de Empresarios Mexicanos de Grúas, de la Asociación Jalisciense de Grúas (Agrujal) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

La Setran afirmó que se presentaron avances en materia de la norma técnica y la reglamentación estatal, derivadas de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, aprobada en octubre de 2022.

La dependencia adelantó que, en la segunda quincena de este mismo mes se tiene programada otra reunión.

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Reglamento de Grúas, demanda permanente

Cabe señalar que el pasado 23 de febrero, transportistas afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) se manifestaron en los Centros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del país, para exigir la publicación del Reglamento de Grúas.

En esa ocasión, los transportistas exigieron la publicación del Reglamento para que se ponga fin a los abusos cometidos por quienes prestan servicios de grúas.

La publicación del Reglamento de Grúas ha sido una demanda permanente de los transportistas que pagan el costo de un servicio abusivo e ineficiente.

El presidente de la Conatram, Elías Dip, dijo: «Tan solo en esta administración tenemos cuatro años reclamando que se publique el Reglamento de Grúas. Y por cualquier razón no sucede, lo que se traduce en mayor corrupción entre quienes prestan este servicio, abusan de las tarifas y las autoridades los solapan».

Solo para ejemplificar, expuso que hay incidentes que debieran costar entre 5,000 y 10,000 pesos y terminan siendo de hasta 200,000 pesos; estos costos se dan, sobre todo en la competencia federal, donde se registra la mayoría de los casos.

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