La recuperación de vehículos es actualmente un via crucis para quienes esperan volver a ver sus unidades, que en algunos casos, como el de los transportistas, representan la herramienta fundamental para ganarse la vida. Por ello, es necesario hacer frente a esta problemática para colocar a la justicia del lado de las víctimas y lograr que su patrimonio vuelva a ellos de la mejor manera posible.

Así lo considera Patricia Bugarin, directora general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), quien destaca que son muchos los retos que enfrenta la labor de localización y recuperación de bienes robados, y para superarlos es prioritario sumar esfuerzos con las autoridades en todos sus niveles y cambiar el paradigma actual.

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«Uno de los retos más importantes es buscar el acercamiento con las autoridades, para trabajar en la mejora de todos los procesos, como prevención, persecución e investigación; y hacer que la liberación de los vehículos sean lo más tresa posible. Que la persona desapoderada de su vehículo, ya sea de carga, particular o cualquier tipo, tenga la confianza de que la autoridad sí va a hacer su labor. Ese es mi principal reto», resalta Bugarin. 

Esto significa, agrega, cambiar el paradigma en el que OCRA no se vea a sí misma solo como localizadores, recuperadores o liberadores de vehículos, sino como enlaces estratégicos de la autoridad, ya que al enfrentar esta situación y vivirla en el día a día otorga información y conocimientos que aportar para tomar acciones preventivas, pero también para atacar dicha problemática.

OCRA, que se dedica a localizar, identificar y recuperar vehículos asegurados que han sido robados, nació en 1994 ante el incremento del robo de automotores en el país y como respuesta del sector asegurador a una problemática que rebasaba a las autoridades, así como ante la falta de un esquema profesional para darle seguimiento a este delito.

A casi 20 años de distancia, ha aumentado sus funciones «sobre todo en los rubros de prevención del delito, servicios de informática, cursos de capacitación pericial en materia de identificación vehicular y apoyos a las autoridades de procuración de justicia y seguridad pública”, según un informe de la propia organización.

Así, Bugarin hace hincapié en que es necesario lograr un trabajo conjunto con la autoridad para que se entienda que el prevenir el robo del vehículo implica también prevenir la comisión de otros delitos, ya que actos delictivos como el secuestro o robo de mercancía, en el caso del autotransporte, son el objetivo de la delincuencia; y una vez cometidos esos actos abandonan la unidad.

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De igual manera, señala que la liberación de los vehículos robados se ha convertido en la actualidad en un proceso burocrático ineficiente, en gran medida por la comunicación e interacción entre las autoridades; en el que suele revictimizarse al propietario o tenedor de los derechos de ese bien, con costos de recuperación exorbitantes e incluso con actos de corrupción.

«Hay que trabajar con las autoridades para que entiendan que hay mucho trabajo por hacer, porque el robo trae una serie de respuestas de mercado. Cuando un vehículo, después de haber sido utilizado para cometer otro delito, es abandonado en otro estado, algunas autoridades no toma la precaución de verificar si tiene un reporte de robo, si se inició una carpeta de investigación y si el registro público vehicular subió esa información», explica.

Si el vehículo está asegurado, agrega, OCRA cuenta con un sistema para subir esa información y compartirla con la autoridad que sepa cuáles vehículos fueron robados, y a su vez el propietario sepa cuando una autoridad lo haya encontrado y saber el corralón al que fue enviado. 

Bugarin detalla que actualmente al ser trasladado a un depósito o corralón, inicia otro proceso para los dueños del vehículo que puede resultar en un costo elevado:

«(El vehículo en el corralón) ahora está generando un gasto que puede ser desde muy pequeño, que generalmente no lo es, hasta uno verdaderamente exorbitante que hace incosteable la recuperación. (…) Hay una víctima de apoderamiento que ahora va a ser revictimizada con trámites, a veces necesarios, pero verdaderamente largos y complicados para una persona que no puede dedicarle meses a estar acudiendo ante un Ministerio Público a realizar trámites», apunta.

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No obstante, destaca que OCRA ha tenido acercamientos productivos con algunas autoridades estatales, como con la Fiscalía de Nuevo León, con la cual se han logrado establecer procesos en lo que cada parte realiza adecuadamente lo que corresponde, logrando liberaciones de vehículos en cuestión de días, y no en meses o años como suele ocurrir.

«Eso es lo deseable en todos lados. Queremos de la autoridad procesos claro y homologación en sus formas de actuar, que compartan lo que está bien hecho y simplificar el impacto del delito en la víctima», comenta Bugarin.

Agrega que como externos a su funcionamiento, OCRA se da cuenta de los faltantes o áreas de oportunidad para la autoridad, por lo que puede complementarla y lograr con esa colaboración eficientar su labor, a través de cambios visibles y que no benefician solamente a una parte.

«Mi reto es que tenemos que trabajar con la autoridad, pero no en un esquema de paternalismo; queremos que haga lo que corresponde, y nosotros responder al sector, a nuestros representados. (…) para que cualquiera que tenga la desdicha de sufrir el desapoderamiento de su vehículo con o sin violencia, sepa que hay procedimientos claros, que el tramo no será tan tardado como hoy lo está haciendo. Lo que queremos es que los cambios beneficien a cualquier persona tenga o no asegurado su vehículo».

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