Además de la falta de operadores, la eficiencia y la sostenibilidad, la seguridad sigue siendo el principal factor de riesgo para el autotransporte, ya que la inseguridad se trata de un fenómeno multicausal y multidimensional, y que para resolverlo se requieren esfuerzos coordinados de todos los participantes.
Esto quiere decir que todos, juntos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y la academia podrían gestionar diálogos y mesas de trabajo para construir soluciones conjuntas que permitan dar avances sólidos en la materia.
En este sentido, Mercedes Carbonell, especialista en Seguridad y Combate a la Corrupción, considera que hay cinco tareas puntuales que aún quedan pendientes para la construcción de un México más seguro para todos.
- Profesionalización
Hablar de Policías profesionales sigue siendo un lastre para la seguridad del país, ya que no se trata de un ente homogéneo que registre avances significativos; al contrario, aún no se logra que todas las policías estatales cuenten con esquemas de trabajo con criterios y certificación homologadas, así como con un régimen disciplinario, prestaciones y un salario digno.
“No podemos esperar que los policías cumplan con sus funciones de manera efectiva si no cuentan con el equipo necesario para enfrentarse a los criminales, si deben poner de su bolsillo para comprar los chalecos antibalas que los protegen y si tienen salarios deplorables que no les permiten mantener a sus familias”, señaló.
Además de las Policías, es necesario desarrollar los servicios periciales del país y el sistema de procuración de justicia. La policía de investigación debe contar con el apoyo de peritos capaces de realizar las diligencias necesarias en tiempo y forma para que se lleven a buen término las investigaciones.
2. Coordinación
Cuánto se ha hablado sobre coordinar a las instituciones de seguridad, pero ya sea por inercias burocráticas, la desidia de las autoridades o la corrupción, simplemente no se logra tal objetivo.
“Las autoridades estatales deben abandonar el discurso donde parece que esperan nueva burocracia que les permita coordinarse. Lo que se necesita es reingeniería institucional, donde se hagan ajustes prácticos con base en diagnósticos que identifiquen los cuellos de botella y los problemas de comunicación”, agregó la especialista.
La coordinación, aclaró, no debe limitarse a las instituciones dentro de un estado. Hay estructuras problemáticas que no tienen que ver con los límites de las entidades, por lo que requieren coordinación entre las instancias estatales para poder diseñar e implementar políticas regionales o para recibir la asistencia del gobierno Federal.
3. Política de prevención
Ninguna política de seguridad está completa sin un componente de prevención, que en México suele ser relegado, de tal manera que las autoridades deben dejar de usar este componente como oportunidad para generar redes clientelares a través de la entrega de dinero.
“Una auténtica política de prevención del delito debe atender los factores que impulsan la violencia y la criminalidad, respondiendo a necesidades y vulnerabilidades concretas, no a los caprichos electorales de los gobernantes”, afirma la especialista.
4. Atender todos los niveles de violencia
Quienes hacen y quienes analizan políticas públicas de seguridad no deben olvidar que existe más de un nivel de violencia, pues si bien la que es producto del crimen organizado a nivel macro es la más atroz y letal, también deben preocuparse por aquella que ocurre a pequeña escala que podemos encontrar, por ejemplo, en el hogar.
“Las violencias domésticas y de género afectan particularmente a las mujeres, mermando su existencia e impidiendo su plena participación en la vida democrática del país. La crisis de inseguridad no se resolverá, por lo menos para la mitad de la población, si no se atienden también estas violencias”, señaló.
5. Innovar
La pandemia representó un gran reto para la sociedad en general y para las instituciones de seguridad en particular. Las medidas sanitarias impuestas para lidiar con el COVID-19 dejaron al descubierto debilidades dentro de, por ejemplo, los ministerios públicos para recibir denuncias en época de aislamiento social.
Los retos que trajo consigo la pandemia también implican nuevas áreas de oportunidad que nos obligan a nosotros, sociedad civil, y a las autoridades a innovar. Debemos de pensar en mecanismos que nos permitan enfrentarnos a las nuevas normalidades.
Considero que este es un buen momento para integrar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en cuestiones de denuncia y atención a víctimas con el objetivo de mantener en contacto a ciudadanos y autoridades, de promover nuevos mecanismos de denuncia y de reducir la corrupción.
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“La tecnología debe facilitar el acceso de las personas a la justicia, debe ser accesible y entendible para todos”.
