México vive hoy momentos de retos excepcionales, tanto de carácter interno como externo, que nos obligan a actuar con serenidad y, al mismo tiempo, con rapidez, efectividad y unidad de todos los sectores.
Las condiciones económicas del mercado de hidrocarburos, de tasas de interés, de los principales commodities, del movimiento de capitales, así como de las reglas internacionales del comercio y los equilibrios geopolíticos por el cambio en la presidencia de los Estados Unidos, han modificado sustancialmente el contexto en el que fueron elaboradas las principales variables de la política económica para 2017 aprobadas por el Congreso de la Unión.
En razón de ello, el Consejo Coordinador Empresarial ratificó a través de un comunicado su compromiso inalterable con México y manifestó su disposición a colaborar en la puesta en marcha de un programa que dé respuesta a las contingencias que se avecinan en las próximas semanas y meses. “Necesitamos una estrategia conjunta – sociedad y gobierno- para combatir la inflación, promover la inversión y defender el empleo, con un crecimiento sólido, equitativo y permanente para todos los mexicanos”.
Asimismo, el organismo reconoció que gracias al diálogo social y al esfuerzo que cotidianamente llevan a cabo los trabajadores mexicanos, en los últimos años se han dado avances en productividad hasta alcanzar los estándares requeridos para enfrentar la competencia de los mercados mundiales, pero “necesitamos seguir trabajando en esta materia, con más incentivos para la creación de empleo, la capacitación constante y la inversión productiva, que permitan generar valor que se transforme en mayores ingresos para las familias”.
El anuncio gubernamental de la nueva política tarifaria de las gasolinas y el diesel, si bien responde a una realidad internacional y a nuestra propia situación en el mercado energético, generará una presión adicional sobre la economía interna de nuestro país.
Por todo lo anterior, el organismo propuso un paquete de medidas de política económica de aplicación inmediata en cuatro ámbitos importantes: fiscal, gasto e ingresos; política monetaria; fomento a la inversión y el empleo y Banca de Desarrollo.
Medidas de Política Económica para el 2017
- Fiscal, gasto e ingresos.
- Garantizar un creciente superávit primario.
- Establecer como meta y cumplimentar una reducción de la deuda del Gobierno Federal, manteniéndola en niveles menores a 40% del PIB.
- Definir un mecanismo para que los ingresos adicionales a los aprobados por el legislativo, no se traduzcan en más gasto, sino se destinen a la reducción del déficit.
- Racionalizar el ejercicio del gasto y establecer una meta de reducción real con respecto al gasto autorizado para 2017.
- Dar prioridad al presupuesto autorizado, y sin incrementar los egresos ni el déficit, canalizar mayores recursos al gasto público en infraestructura.
- Reducir el gasto en consumo corriente del gobierno.
- Revisar las opciones fiscales para contrarrestar las modificaciones impositivas que pudieran tener lugar en EEUU.
- En caso de una mayor caída en el PIB, accionar un mecanismo de generación de empleo a través de contratación de mano de obra para la construcción de infraestructura por parte del Gobierno Federal, con la participación del sector privado.
- Establecer mecanismos para evitar un impacto del incremento de la gasolina en transporte público de personas realizado por empresas formales.
- Política monetaria
- Mantener la flexibilidad del tipo de cambio.
- En la medida necesaria ajustar la tasa de interés.
- El excedente de operaciones del Banco de México debe ser usado al 100% para reducir la deuda pública.
- Inversión y Empleo
- Ante la necesidad de acrecentar la inversión nacional y extranjera, es preciso establecer una política de estímulos fiscales a nuevas inversiones que tenga un efecto inmediato, con el objeto de acelerar la toma de decisiones y así propiciar más empleo y evitar una caída más pronunciada del crecimiento y un avance insuficiente de la masa salarial. Se recomienda valorar mecanismos de depreciación acelerada, o la deducción al 100 % del gasto en inversión, bajo un esquema similar al del IETU, que podría asociarse o condicionarse a la creación de empleos formales. Los incentivos directos son fundamentales.
- Diseñar un esquema de incentivos para permitir la repatriación de capitales con un impuesto atractivo, condicionando el beneficio a llevar a cabo una inversión productiva.
- Impulsar una campaña profunda y definitiva de simplificación de trámites y regulaciones que liberen carga administrativa a las empresas, permitiendo así la inversión en otros rubros de mayor generación de valor. Desde el sector empresarial, realizaremos una encuesta en los principales municipios del país, cuyos resultados pueden contribuir al diseño de esta acción.
- Evitar incluir nuevas cargas laborales o administrativas que impliquen mayores costos para la creación de empleos formales, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.
- Dar a conocer de manera inmediata los beneficios de las Zonas Económicas Especiales y establecer un programa de desarrollo de infraestructura en estas regiones con fondos públicos y privados. La Banca de Desarrollo debe tomar medidas para constituirse en un gran disparador de estos proyectos.
- Banca de Desarrollo
- Sin eliminar aún la meta cuantitativa –habrá que sustituirla por metas de impacto económico-, garantizar que los créditos privilegien proyectos con mayor creación de empleos y a aquellos cuyo esfuerzo beneficie a empresas que se integren a las cadenas de valor vinculadas a exportaciones.
- Considerar la posibilidad de usar recursos ahora destinados a programas sociales de baja rentabilidad para canalizarlos hacia programas de subsidio a las tasas de interés para vivienda media y de interés social. Es factible que el beneficio implique un subsidio temporal de 2 años para nuevas hipotecas.
- Revisar el esquema de tasas preferenciales, utilizando el costo directo del fondeo con Cetes o con Financiamiento externo y con costos de coberturas, eliminando remanentes que no son justificables para la banca de desarrollo.
- Destinar recursos suficientes en proyectos de construcción para empresas nacionales, que permitan compensar el limitado acceso que tienen estas para competir con empresas internacionales en la materia.
- Con el objeto de asegurar la disposición de los créditos y su impacto en la actividad económica, otorgar certificados de garantías sin necesidad de que se le requieran a las empresas garantías adicionales. Con esto los pequeños empresarios podrán invertir en la adquisición de tecnología y nuevas maquinarias que modernicen los negocios y así adaptarse a los retos de una realidad más competitiva y eficiente, permitiéndoles participar en los mercados globales.
- Generar un programa de financiamiento con tasas al costo, de fondos para el cambio de sistemas de iluminación y reducción de costos de energía – favoreciendo energías limpias- particularmente para empresas de menor tamaño en el área de comercio e industria.
Todas estas medidas deben ser complementadas con una verdadera apuesta por la transparencia, una rápida y eficaz implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y acciones concretas que demuestren el compromiso con el cumplimiento del Estado de Derecho. Recuperar la confianza ciudadana es urgente e indispensable para avanzar en la senda del desarrollo.
Confiamos en que una acelerada y eficaz implementación de estas medidas, y un verdadero trabajo en conjunto entre Poder Ejecutivo, legislativo, iniciativa privada y sociedad, puedan compensar los obstáculos de la economía nacional e internacional, evitar afectaciones al bolsillo de las familias mexicanas y, más aún, generar nuevas oportunidades de desarrollo para nuestros ciudadanos.
