El Centro Mario Molina, el World Resources Institute México (WRI) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dieron a conocer su postura frente a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida el pasado 13 de octubre.
Antes que nada, señalaron que aunque la nueva legislación «permitirá dar un paso adelante en la actualización del discurso urbano de México», todavía falta mucho trabajo para lograr una «verdadera Reforma Urbana». Por ello, establecieron seis puntos que consideran prioritarios y deben ser integrados a esta legislación.
1.- Involucramiento multisectorial en el Sistema de Planeación Territorial: Estas organizaciones consideran que para la elaboración e implementación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es fundamental la participación de actores como SCT, SEMARNAT, SEDESOL, Economía, Educación, Salud y SEGOB, por parte del poder Ejecutivo Federal, así como de otros sectores especializados, tanto privados como de la sociedad civil. Sólo así, indicaron, podría garantizarse la continuidad de la ENOT a lo largo de las cuatro administraciones en que tendrá vigencia.
2.- Incorporación de la renovación urbana como estrategia prioritaria: Las organizaciones apuntan que, «considerando que tener una ciudad continua, compacta, conectada y cercana es deseable», es importante considerar el redesarrollo del suelo, el reciclaje o la renovación urbana como estrategias prioritarias para alojar el crecimiento poblacional proyectado, y no dar por hecho la fundación de nuevos centros de población o el crecimiento de los existentes, pues es lo que ha provocado la expansión desmesurada de las ciudades.
3.- Generación de una estrategia de movilidad que garantice el acceso equitativo a los servicios: En este sentido, las organizaciones señalan que la Ley debería de contribuir a garantizar derechos fundamentales reconocidos ampliamente, tales como el derecho a una vivienda asequible, de buena calidad y bien ubicada. Agregaron que es importante resaltar que la movilidad es un habilitador de estos derechos, por lo que habría que enfatizar como objetivos de las políticas de movilidad, que la población pueda desplazarse en condiciones de seguridad, equidad, comodidad, asequibilidad, accesibilidad universal, cobertura, bajo impacto ambiental y eficacia, favoreciendo los modos masivos y no motorizados.
4.- Establecimiento de atribuciones de las instancias de coordinación metropolitana y megalopolitana: Al respecto, las organizaciones expresan que si bien con la ley se crean instancias para la coordinación metropolitana y de centros de población, es prioritario definir en todos los casos sus atribuciones, y asegurar recursos para su adecuada operación.
5.- Fomento a instrumentos financieros para el financiamiento del desarrollo urbano en los contextos locales: En este aspecto, consideraron que la efectiva implementación de esta ley requiere de mecanismos de financiamiento para apoyar la Reforma Urbana, considerando instrumentos financieros novedosos, tales como el predial base suelo, la sobretasa a predios baldíos, los bancos de suelo, la captura de plusvalías, la contribución de mejoras y las contribuciones incrementales, entre otros. De la misma manera, añadieron, sería deseable incluir la corresponsabilidad del gobierno federal en la adquisición de reservas territoriales estratégicas.
6.- Definición de espacios formales de participación, desde la planeación hasta la evaluación: Estas organizaciones explican que es importante generar espacios formales para la participación ciudadana ordenada en todas las etapas de la planeación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas y proyectos urbanos, a fin de que las acciones sean «adecuadas para quienes viven, y en ocasiones padecen, las ciudades». Refirieron que además sería deseable que la información relativa a la implementación de la Ley cumpla con los principios de datos abiertos, lo cual sentaría las bases para transitar hacia una verdadera gobernanza transparente y eficaz en todas sus escalas territoriales.
