La alta dependencia financiera de ingresos de la tarifa hace que la oferta de transporte público en las ciudades mexicanas sea muy vulnerable ante los cambios de la demanda. Esta situación se agrava al no contar con mecanismos adicionales de captación de recursos.

Lo anterior se desprende del «Análisis de los mecanismos financieros para la sostenibilidad del transporte público en ciudades mexicanas», realizado por WRI México. En la investigación se señala que las fuentes vinculadas a la tarifa y a los subsidios gubernamentales aún son la fuente más importante en México como mecanismo de financiamiento para los servicios de transporte público urbano.

De acuerdo con el documento, para garantizar el derecho a la movilidad, es necesario adoptar nuevos mecanismos para el fondeo y financiamiento del transporte público urbano en México. Ello con miras hacia la sostenibilidad financiera del sector en el mediano y largo plazo.

En ese sentido, WRI México expone que la disminución de la demanda de transporte público en un 70% en los meses de mayor confinamiento por la pandemia, trajo pérdidas que se estiman de más de 2,000 millones de dólares entre abril de 2020 y septiembre de 2021 en las 75 zonas metropolitanas de México. Esta situación obliga a explorar nuevos mecanismos de fondeo y financiamiento.

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Fondeo y financiamiento

El documento precisa que las fuentes de fondeo corresponden a «los potenciales ingresos que se generarán como consecuencia de la acción propia del ente gubernamental; es decir, su fuente es la propia administración pública e incluye el pago por servicios de financiamiento».

En tanto, el financiamiento «corresponde a la estructura de capital sobre la cual se fundamenta el desarrollo del proyecto; esto es, la captación de recursos externa al ente de gobierno o instancia requirente».

La manera en que está estructurado el transporte público urbano en México también es motivo de análisis por parte de WRI México. En este caso, el organismo clasifica la oferta del servicio de acuerdo con los tipos de vehículos. Pueden ser trenes, autobuses BRT (Bus Rapid Transit), teleféricos, vanes y autobuses, entre otros.

Los distintos sistemas de transporte, si bien tienen modelos de negocio y mecanismos de ingresos muy similares, cuentan con algunas diferencias. Por ejemplo, los sistemas BRT, como el Metrobús de la Ciudad de México o el Macrobús de Guadalajara, perciben ingresos por medio de pago por kilómetro recorrido y pago por pasajero.

Otros sistemas como los trolebuses y los teleféricos se basan en un modelo de remunenación que incluye pago por pasajero y una subvención del gobierno. Existen otros sistemas como los autobuses y vanes concesionadas cuyos ingresos dependen solamente de la tarifa por pasajero.

Barreras y oportunidades

El estudio precisa que estos modelos de ingresos en el transporte público urbano presenta barreras y oportunidades para la viabilidad del servicio. En este caso, la investigación identifica como una oportunidad a los subsidios. Ellos contribuyen a la equidad en el acceso a los servicios de transporte y con los mismos se garantiza el derecho a la movilidad.

Sin embargo, la barrera en este caso es que los subsidios requieren de suficiencia presupuestal y priorización, de la mano con un manejo eficiente y efectivo de los recursos, además de que el servicio requiere una mejora constante en la calidad y condiciones de prestación del servicio para los usuarios.

Otra limitante que enfrentar los sistemas de transporte urbano es que la mayoría de los marcos prevén que la facultad de determinar o modificar las tarifas corresponde al poder ejecutivo local. Este ingreso puede ser compensando, en parte, por medio de la venta de publicidad en los vehículos.

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Financiamiento para la modernización

Ante el desgaste de las unidades y la limitada capacidad para generar ingresos, el tema de la renovación del transporte público urbano se convierte en un tema que, necesariamente requiere financiamiento y en muchos casos gubernamental.

En la Ciudad de México, por ejemplo, se llevó a cabo en 2012 el denominado «Programa de Modernización del Transporte y Movilidad del Sistema de Transporte Público Concesionado», el cual consideraba la afectación de cantidades remanentes de participaciones federales, a efecto de servir como garantía de la implementación del mecanismo financiero previsto en el programa.

Para este caso, se otorgaron créditos públicos para las pequeñas empresas transportistas que operaban con un máximo 30 unidades, con tasas de interés del 16 y 17.5 por ciento para unidades nuevas y seminuevas, prestados por la Nafin. Estas elevadas tasas contrastaban con las tasas de la banca comercial, que ofrecen créditos al 12 y 14 por ciento.

Existen otras alternativas de financiamiento como el Global Enviroment Facility (GEF), un fondo multilateral integrado por 185 países. Cuenta con participación de la sociedad civil, pueblos indígenas y el sector privado. Se estableció para financiar proyectos y programas que contribuyan con la protección del medio ambiente.

Los recursos del GEF se han usado para financiar proyectos de “cambio climático”, que incluye proyectos de transporte urbano sostenible. Sin embargo, el complejo proceso de aprobación de proyectos a menudo se ha señalado como una barrera para su adopción.

Desincentivo a la modificación de tarifas

El análisis realizado por WRI México concluye que los modelos de negocio de los sistemas de transporte, en general, cuentan con aportaciones importantes de gobierno. Sin embargo, su alta dependencia financiera de ingresos de tarifa hace que la oferta sea mayormente vulnerable ante los cambios de la demanda.

Además, las fuentes vinculadas a los sistemas (la tarifa por los servicios y los subsidios asignados como complemento) aún son la fuente más importante en México como mecanismo de financiamiento para los servicios de transporte público. El organismo advierte que las implicaciones sociales y políticas de estas medidas desincentivan la modificación de tarifas, que resulta ser de atribución local.

Por otra parte, el financiamiento público en general abarca los fondos como garantía para la adquisición de créditos. El financiamiento bursátil, en cambio, requiere del cumplimiento de ciertos procedimientos y requisitos previos relacionados con el mercado de valores, las condiciones corporativas y la apertura de la información correspondiente, entre otros. Ellos pueden generar limitaciones para el acceso por parte de las entidades públicas.

Por último, la creciente participación del sector privado en el financiamiento de obras públicas hace que las fuentes privadas y mixtas sean opciones viables para financiar el trasporte público. Lo anterior debido a que pueden generar posibles asociaciones con rentabilidad de ambas partes. Ante lo cual es fundamental generar acuerdos comunes claros de derechos y deberes enmarcados en la ley.

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