Al inicio del segundo semestre de 2019, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público (SESNSP) empezaron a arrojar una disminución en el delito “Robo a transportista”.. . sin embargo, y por increíble que parezca, esa cifra solo recogía lo reportado en la incidencia del fuero federal. La pequeña gran diferencia viene cuando en la sección del fuero común también hay registro de este hecho. Y sumándolos, el número es alarmantemente superior.

 

Para dar cuenta de esta inconsistencia en una lectura de cifras, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) hizo un ejercicio con base en datos de la Fiscalía General de la República. Entre enero y agosto de 2019, el robo a transportista, en el fuero común, registró 7,809 casos, es decir 0.85% menos que los 7,876 del mismo periodo un año antes.

 

Pero en lo reportado del lado federal, el panorama es drástico: 1,407 robos entre enero y agosto de 2018 y 4,170 en el mismo lapso. Un incremento del 196 por ciento. ¿Quién tiene otros datos? ¿El Gobierno federal, la Fiscalía, los municipios, las Policías, los transportistas? Una vez más, la opacidad en el uso de cifras oficiales deja ver lo mucho que hace falta por trabajar.

 

Es por eso que nos dimos a la tarea de platicar con empresarios del transporte que, además de conocer la realidad en sus rutas, también representan a decenas de transportistas que sufren los estragos de tener carreteras cada vez más inseguras.

 

“Es urgente tomar medidas preventivas”

 

El diálogo entre la CANACAR y las autoridades es constante y, aparentemente, productivo. Intercambian información y juntos planean una estrategia integral para hacerle frente a la inseguridad en las carreteras. Sin embargo, la operación diaria de las flotas nacionales no puede esperar.

 

Es por eso que Enrique González, Presidente Nacional de la CANACAR, señaló que si bien las mesas de trabajo con Alfonso Durazo suponen sembrar para cosechar en el mediano plazo, la urgencia del presente requiere acciones concretas.

 

De hecho ya está en funcionamiento un operativo de monitoreo con el C-5 de Puebla, para vigilar las carreteras de la entidad de forma remota. Se trata de 40 patrullas federales que abarcan el territorio estatal para atender cualquier incidente relacionado con la inseguridad en carreteras.

 

“Si da resultados en Puebla, lo estaremos replicando lo antes posible en el Estado de México y Guanajuato, ya que requiere del trabajo y compromiso de los tres niveles de Gobierno. Es importante señalar que esto es trabajo de transición, ya que sigue habiendo incertidumbre sobre quién será responsable de cuidar las vías de comunicación ahora que no será solo la Policía Federal”, explicó.

 

De hecho, agregó, se espera que haya una división especializada en la seguridad carretera, conformada por miembros de la Guardia Nacional y la Policía Federal. En tanto, seguirán trabajando, dialogando y definiendo estrategias interinstitucionales y cada empresa hará lo propio al interior de sus procesos.

 

Y sobre la incidencia, González Muñoz explicó que la estadística sigue siendo un problema, pues hay reportes tanto en el fuero federal como en el común, a pesar de la tipificación. En muchos casos, cuando hay robos parciales o se recuperan el camión, las mercancías, incluso autopartes, viene la discrepancia en las cifras.

 

Por otro lado, señaló la importancia de la impartición de justicia, pues a pesar de que el robo al transporte también es considerado un delito grave, en el procedimiento los delincuentes salen libres mucho más rápido que los empresarios en acreditar la propiedad de un camión.

 

Crimen organizado, uso de jammer y la creciente violencia en el robo son temas que siguen en la agenda del sector. Unos por su relevancia para buscar inhibir la delincuencia y lo segundo porque la estadística no es suficiente para cuantificar la vida de una persona.

 

“Desafortunadamente esto tampoco ha disminuido, sino al contrario. Cada mes tenemos reportes de conductores asesinados durante un robo. ¿Eso cómo lo cuantificas? No podemos hacer estadísticas de esta naturaleza, porque eso ya no se puede reponer. Así sea uno o mil, lo grave es el acto. Y, por supuesto, las autoridades tendrán que garantizar la vida, antes que cualquier otro tema”, agregó el directivo.

 

¿Qué SÍ se puede hacer contra la inseguridad carretera?

 

Óscar Ceballos, Delegado de la CANACAR en León, dijo que la única forma de frenar esta tendencia es conjuntando esfuerzos con los tres niveles de Gobierno y otras agrupaciones, ya que no se pueden quedar cruzados de brazos mientras les siguen robando cada vez más camiones.

 

“Más allá de las cifras que ofrece el Gobierno federal, entre delitos del fuero común y del fuero federal, lo importante es qué hacer para enfrentar este problema. Nosotros, desde la Cámara, hemos gestionado y logrado sinergias importantes para contrarrestar uno de los principales obstáculos del autotransporte”, señala.

 

Por ejemplo, explica, en el denominado triángulo rojo entre Veracruz, Puebla y Estado de México, han habilitado convoyes con la Policía Federal, Estatal y la Guardia Nacional, a fin de disminuir los riesgos en horarios específicos, particularmente en las Cumbres de Maltrata.

 

También adelantó que junto con la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo (CANAPAT) la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y organizaciones de otros modos de transporte están gestionando un Centro de Inteligencia con las autoridades, a fin de materializar una estrategia de seguridad mucho más robusta y eficiente.

 

“La iniciativa privada está comprometida con la seguridad, pues sabemos que es un trabajo conjunto. La solución está en manos de todos y solo podremos lograrlo si ejecutamos acciones integrales, entre todos”, remató el delegado.

 

¿Divide y vencerás?

 

Si bien es cierto que en años recientes Veracruz, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Guanajuato han acaparado los reflectores en esta incidencia, la afectación no se queda ahí, ya que en la gran mayoría de los casos el robo es contra vehículos de cualquier parte del país, y específicamente en el norte, el panorama no necesariamente distinto.

 

Rogelio Montemayor, expresidente de la CANACAR, considera que a pesar de lo mucho que se ha logrado en materia legislativa, las cifras indican que el problema está lejos de resolverse, pues tanto en Nuevo León como en Tamaulipas sigue habiendo incidentes, incluso con mayor uso de violencia.

 

A su entender, una estrategia integral e integradora tiene que ir de arriba hacia abajo y viceversa. Específicamente habla de células que abarquen una región y tengan funciones determinadas. Esto, por supuesto, requiere personal preparado, coordinación y disposición para atender un problema nacional, pero desde trincheras locales.

 

“Así se han dado casos de éxito. El nuevo Gobierno tiene esa gran oportunidad con el cambio de paradigma que supone la Guardia Nacional. Pero el gran reto siempre será la disposición para trabajar con las Policías estatal y municipal. Nosotros, como empresarios y como cúpula, siempre estaremos dispuestos a trabajar en conjunto, porque se trata de un beneficio para todos”, dijo.

 

Y es que lo que no siempre se toma en cuenta, agregó Montemayor, es que el robo al autotransporte no es un daño exclusivo del gremio o de los generadores de carga, sino que se convierte en un círculo vicioso, pues, además de la violencia, el mercado negro y la informalidad siguen creciendo a partir de lo que para muchos pudiera ser un simple robo de un camión.

 

¿A dónde van a parar esos productos? En muchos casos compiten contra sus propias marcas, pero a un precio mucho más económico, de tal manera que se vuelve en un daño mayúsculo para la economía nacional.

 

¿Qué pasó con las famosas reuniones mensuales?

 

En distintas regiones del país, la Policía Federal solía tener juntas de seguridad con diferentes gremios, especialmente con el del autotransporte. Pero en Jalisco, con el cambio de Gobierno y las diferencias organizacionales con la Guardia Nacional, dejaron de ocurrir.

 

En tanto, los robos siguieron a la orden del día. En toda la región occidente, con dos de los principales puertos del país y el alto valor agregado de las mercancías trasladadas, la delincuencia repuntó. En palabras de José Antonio Rivas Barba, Vicepresidente Regional de la CANACAR en esa zona, esas reuniones mensuales al menos habían servido para identificar rutas, horarios, modus operandi, e intercambiar información para hacerle frente a los robos.

 

“No hay información clara. Y por supuesto el número de robos a transportista no ha disminuido. Los Gobiernos federal y estatal no están trabajando en conjuntos y menos con nosotros. El gobernador de Jalisco no nos ha dado audiencia para exponerle estos temas y no nos queda más que realizar esfuerzos a nivel cámara. Eso sí, la CANACAR nacional sigue gestionando con el Gobierno federal y esperemos que los resultados se noten lo antes posible”, agregó el empresario.

 

“Urgen cambios de fondo”

 

Por último, Enrique Rustrián, Delegado de la CANACAR en Córdoba-Orizaba, enfatizó que si bien Veracruz está directamente asociado con el robo al autotransporte, también es cierto que esto se debe a la falta de una estrategia que ataque el problema de fondo.

 

Específicamente en la región, los transportistas han decidido implementar viajes en convoy y evitar horarios nocturnos, ya que el riesgo incrementa. También la falta de certidumbre sobre si la Policía Federal o la Guardia Nacional serán los órganos responsables de velar por la seguridad en las carreteras.

 

Y una vez más, las malas prácticas en la impartición de justicia han hecho que mucho de lo logrado parezca poco. Denunciar, levantar un acta, pagar una grúa, el corralón, siguen siendo un calvario para muchos empresarios.

 

Es por eso que Rustrián Villanueva urge a las autoridades federales, estatales y municipales para replantear y reunir los esfuerzos a fin de conseguir resultados tangibles, duraderos y que permitan dilucidar, al fin, un verdadero freno a uno de los principales lastres del autotransporte nacional.