Hoy, el Gobierno federal y el Senado de la República publicaron Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual incluye acciones específicas para combatir el robo a autotransporte de carga y pasajeros en carreteras.

Los objetivos de este decreto son erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, fomentar la coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, garantizar el bienestar de la población, reformular el combate a las drogas, entre otros.

El documento destina un apartado al combate al robo a autotransporte en carreteras, en el que la delincuencia opera en el anonimato. Para combatirlo, dice, se requiere contar con una estrategia interinstitucional. Al respecto, plantea estas acciones:

  • Operaciones específicas de revisión y supervisión del transporte en rutas identificadas con mayor incidencia delictiva.
  • Vinculación con centros de distribución, centrales de carga, cámaras del transporte y organismos del sector privado para intercambio de información sobre incidencias y eventos en carreteras.
  • Establecer filtros de revisión y arcos en centrales de autobuses.
  • Revisar las afectaciones de tramos carreteros y blindar los accesos a las autopistas.
  • Uso de arcos con rayos gamma para la detección de armas y drogas.
  • Acceso a las cámaras de videovigilancia para detectar vehículos sospechosos o dedicados a actividades delictivas.

Los tramos carreteros donde se iniciará este denominado Plan de Carreteras Seguras son:

  • Carretera 150D de la Ciudad de México al Puerto de Veracruz.
  • Carretera 37D de Morelia al Puerto de Lázaro Cárdenas.
  • Carretera Autopista 57D en su Tramo Ciudad de México-Querétaro y Autopista 45D en su Continuación del Trayecto Querétaro-Salamanca-Irapuato.
  • Autopista 95D en su Tramo Cuernavaca-Chilpancingo.

¿Y el robo de unidades?

Aunque no lo especifica para el sector transporte, el documento considera que el robo de vehículos no solo es un delito que por sí mismo se deba combatir frontalmente, sino porque en la mayoría de los casos, estas unidades son utilizadas para cometer otros delitos.

En este sentido, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública contempla el fortalecimiento del Registro Vehicular (REPUVE), el cual, dice, debe considerarse como un instrumento de seguridad ya que es una herramienta eficaz para el combate del delito debido a que en su comisión, traslado y huida se requiere de un medio de transporte.

No obstante, admite, las experiencias en materia de registro de vehículos hasta ahora han sido insatisfactorias; por ello, se debe de impulsar el incremento de las capacidades de supervisión del REPUVE en las entidades federativas en esta materia.

Huachicoleo, otro foco delictivo

Desde diciembre del año pasado, el Gobierno federal inició una batalla contra este delito y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no podía faltar un apartado para delinear las acciones a realizar.

Para tener una respuesta integral al problema se determinó que, adicionalmente a los esfuerzos de  la Secretaría de la Defensa, se sumen todas las capacidades institucionales del Estado a través de la función policial que desarrollan diversas instituciones, tanto en el plano de producción de inteligencia direccionada a auxiliar al Ministerio Público Federal, como en el ejercicio de las facultades preventivas e investigativas que cada institución pueda desarrollar.

Para ello se plantean tres diferentes etapas que deberán ser puntualmente evaluadas en cuanto a resultados concretos.

1. Primera fase:

a) Solventar las necesidades de productos de inteligencia que permita prevenir robos de combustible, o sabotajes a las instalaciones de Pemex

b) Dar seguimiento y auxiliar a la Fiscalía General de la República (FGR) con información táctica en todas las detenciones que se realicen en flagrancia, a efecto de apoyar en la judicialización de detenidos y en el aseguramiento de inmuebles, vehículos o instrumentos del delito,

c) Identificar con modus operandi todos los eventos de robo de combustible en el país, vía mecanismos de inteligencia transversales aprovechando todas las capacidades institucionales.

2. Segunda fase:

a) Identificar el número de investigaciones en curso a efecto de establecer las redes de vínculos que establezcan la identificación de los líderes de las organizaciones delictivas, sus operadores regionales, bienes y recursos, así como quienes les brindan protección desde su calidad de servidores públicos.

b) De dichas redes deberán determinar cuántos objetivos cuentan con mandamientos judiciales en su contra o investigaciones en curso.

c) Determinar los objetivos prioritarios y los blancos de oportunidad a consignar con pedimento de orden de aprehensión, las cuentas bancarias que deban ser intervenidas, los bienes inmuebles que deban ser cateados y asegurados, las estaciones de servicio que deban ser inspeccionadas e identificar a los líderes sociales regionales que se encuentren relacionados en la comisión del tales delitos.

d) Dar seguimiento procesal a las judicializaciones que resulten procedentes.

e) Establecer un programa de cumplimiento de órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el robo de combustible.

3. Tercera fase

Evaluar resultados a través de:

1. La capacidad de respuesta institucional derivada tanto del número de ataques a ductos, como las posibles pérdidas que pudieran presentarse por robo de combustible.

2. Número de investigaciones iniciadas, personas detenidas y procesadas., órdenes de aprehensión obtenidas y cumplidas, bienes asegurados y monto de los mismos, cuentas y empresas aseguradas y monto de las mismas, asó sentencias condenatorias obtenidas.

Acciones que suman

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública señala otros aspectos como:

  • Profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales con énfasis en sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos y perspectiva de género.
  • Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.
  • Interconexión tecnológica eficaz de todos los sistemas de información federal, estatal y municipal
  • Fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia y geolocalización

Otros de los pilares de esta estrategia contempla la prevención del delito a través de alternativas para las comunidades involucradas. En este sentido, el Gobierno prevé crear, de la mano de las dependencias encargadas de la política económica y social, alternativas económicas sostenibles para las personas que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas como el robo al autotransporte, el cultivo de drogas, la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos.

Cabe mencionar que la publicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se suma a otras iniciativas como la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional y la reforma al artículo 19 constitucional; además está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.

En el documento, El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador destaca que esta estrategia se presenta en un claro marco de transparencia y publicidad, pues al ser la sociedad quien de manera directa resulta afectada o beneficiada, se da la oportunidad de conocer los aspectos que se atacarán y la manera en la que se encauzarán las soluciones propuestas.

“Es prioritario poner en práctica una estrategia integral que permita, en un marco de coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno, atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública”, señala.

De manera adicional, la Cámara de Senadores analizará la Estrategia con la finalidad de evaluar anualmente el progreso respecto al cumplimiento de los objetivos y el avance en las estrategias establecidas en la misma.