El Senado de la República hizo un llamado a la Secretaría de Economía para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), implemente acciones contundentes que garanticen la venta confiable de gasolina y diesel en las estaciones de servicio.

La Asamblea solicitó a ambos organismos que vigilen la compra de hidrocarburos por parte de los usuarios en todos los estados del país, el objetivo, supervisar que se despache con precisión lo pagado por el cliente.

También se pidió a la Secretaría de Economía un informe sobre el número de gasolineras que han sido sancionadas, la ubicación de éstas, así como el motivo y monto de la multa determinada.

El senador Antonio García Conejo señaló que, de acuerdo con un estudio de febrero de 2017, solo seis de cada 10 gasolineras se verifican. Además, dijo, una de cada tres mangueras en el país presenta irregularidades en el despacho de combustible. En tanto, en estados como Tlaxcala, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas ocho de cada 10 estaciones, en promedio, “roban a las familias mexicanas”.

“Los ciudadanos terminan pagando por 50 litros el precio de 55; en promedio llegan a robarnos entre 400 a 500 pesos mensuales”, enfatizó.

García Conejo manifestó que resulta inconcebible que, a pesar de que existen los instrumentos legales para detener y sancionar los actos ilegales, la autoridad no busque combatir esta conducta, afectando con ello el bolsillo de los mexicanos.