El gobernador Carlos Mendoza Davis envió al Congreso del Estado de Baja California Sur, el proyecto que decreta una nueva Ley de Movilidad, la cual busca regular a fondo el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades y crear el Instituto de Movilidad.

“Emprendimos una modernización de la infraestructura de movilidad urbana, los sudcalifornianos merecemos tener una oferta amplia y competitiva de transporte y un sistema más eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante”, aseguró el mandatario.

La nueva ley parte de conceptualizar a la movilidad como un derecho humano, principio alineado con políticas que otras ciudades y estados del país promueven. Además, señala que ésta debe contar con elementos esenciales como la seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad y protección al ambiente.

Otro de sus puntos fundamentales, consiste en designar a las autoridades que deben regular en la materia y la coordinación que debe existir entre ellas. Para el gobernador Carlos Mendoza, la iniciativa busca terminar con la discrecionalidad y los monopolios.

Para instrumentar todo el proyecto, se propone la creación del Instituto de Movilidad, el cual será responsable de la fijar las tarifas y otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones para el transporte de pasajeros y carga; así como autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades en ambos segmentos.

Asimismo, tendrá la facultad de emitir dictámenes y opiniones referentes a tarifas de los servicios para la autorización final del Ejecutivo. Determinar las rutas de penetración de los vehículos del Servicio Público de Transporte, las políticas de los paraderos del servicio a pasajeros, entre otras funciones.

Cabe mencionar que en su artículo 93, la Ley establece que la prestación del servicio de carga, mercancías o distribución, requerirán de un permiso expedido por el Instituto, previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos correspondientes.

Dichos requisitos son:

  • Presentar solicitud por escrito al Instituto, especificando la modalidad para la cual solicita el permiso;
  • Contar con una póliza de seguro vigente de cobertura amplia para responder por los daños por un mínimo de 500,000 Unidades de Medida de Actualización, que con motivo de la prestación del servicio pudiera ocasionarse a los usuarios y terceros en su persona y/o patrimonio, conforme a lo dispuesto por el Reglamento;
  • En caso de las personas morales, acreditar su existencia legal y personalidad jurídica vigente del representante o apoderado, así como un capital social mínimo de 20,000 Unidades de Medida de Actualización.
  • Presentar un padrón de conductores que deberá señalar la unidad a la cual están asignados, nombre, domicilio, número de licencia expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado que lo autoriza a conducir este tipo de vehículo y demás datos necesarios para su identificación y ubicación;
  • Presentar un padrón de las unidades materia del permiso, que deberá contener todos los datos de identificación de los vehículos;
  • Indicar el lugar de encierro de unidades;
  • Acreditar el pago de derechos correspondientes;
  • Las demás que se establezcan en la presente Ley y su Reglamento.

Por otro lado, se propone la creación de un Registro Público de Transporte conformado por el conjunto de datos, archivos y registros catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de manuales de operación, formatos, procesos y procedimientos específicos, relativos a los propietarios de los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la circulación; las licencias y permisos para conducir, así como las cualidades, condiciones, características y modalidades de los vehículos, incluyendo híbrido o eléctrico, que circulan en el Estado.

Finalmente, la nueva Ley contempla la regularización de servicios de transporte a través de plataformas digitales. “Pretendemos que los servicios de transporte concesionado como los taxis y los que se prestan a través de plataformas digitales, puedan coexistir, erradicando la competencia desleal en beneficio de la población. Nuestras familias merecen elegir con absoluta libertad qué tipo de transporte prefieren utilizar”, expresó Carlos Mendoza Davis.

Cabe mencionar que en el documento presentado a la XV Legislatura se señala la necesidad de contar con una nueva legislación ya que la Ley de Transportes del estado fue promulgada en diciembre de 1997 y reformada en 2016. “Resulta evidente que el marco normativo ya no corresponde con la realidad y con la dinámica que hoy vivimos los sudcalifornianos, han surgido circunstancias y necesidades que requieren ser reguladas en beneficio de la sociedad”, cita.