Luego de que la Cámara de Diputados reincorporó el artículo decimoquinto transitorio a la Ley de Ingresos para 2020, el sector automotor advirtió que con la legalización de los vehículos “chocolate” dejarían de ingresar a las arcas del gobierno más de 50 mil millones de pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Guillermo Rosales, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), informó que al tomar en cuenta una baja en ventas de 30% a 900 mil unidades hacia 2021, con la legalización de los vehículos chocolate, el país dejaría de captar más de 50 mil millones de pesos, solo por concepto de IVA.

Entrevistado luego de la conferencia de prensa liderada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Rosales Zárate detalló que a ello se suman otros descensos al no recaudar impuestos sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y Sobre la Renta (ISR), este último afectado por la pérdida de unos 20 mil empleos, especialmente en el área de ventas.

En entrevista con Transportes y Turismo, Rosales Zárate explicó que las cifras de bajas en los ingresos tributarios no incluyen los estimados para vehículos de carga y autobuses; sin embargo, reconoció que la aprobación del artículo en cuestión podría dar pie a una entrada masiva de camiones de carga de todas las clases y autobuses, en especial para el uso urbano y suburbano.

“Por eso la importancia de que no se formule una ley, que se den facilidades administrativas dentro de un decreto del ejecutivo en el que estarían excluidos los camiones de carga y pasaje, y únicamente se circunscribiría esa facilidad administrativa para los vehículos de pasajeros y también las pick-ups pero hasta clase 3”, detalló.

Argumentos populistas y errados para legalizar “chocolates”

En su turno, Guillermo Prieto Treviño, presidente de la AMDA, consideró que al volver a plantear el artículo decimoquinto transitorio en la Ley de Ingresos para 2020, refleja ignorancia por parte de los diputados.

“El volver a plantear refleja ignorancia en las leyes aduaneras, de comercio exterior y obedece a argumentos populistas que van en contra de la ilegalidad”, aseveró.

Reiteró que el argumento de los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de que existen 18 millones de vehículos chocolate en el país es exagerada y falsa, pues el parque vehicular reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a 2018 es de 32 millones unidades.

“Yo creo que el comentario de Mario Delgado, en relación con que el sector automotriz había exagerado y no se tomaba en consideración que no están pretendiendo regularizar los automóviles, refleja un gran desconocimiento de lo que ha sucedido en el pasado, este no es un tema nuevo para nosotros”, añadió.

Advirtió que la legalización de los vehículos chocolate podría implicar la pérdida de empleos, mayor corrupción, crimen organizado, lavado de dinero y eso, sin duda, afectaría el crecimiento del empleo y la recaudación de manera importante en IVA, ISAN e ISR.

En este contexto externó: “nuevamente hacemos un llamado a los senadores para que este artículo transitorio no pase, están muchos empleos en juego, está el crecimiento de la economía”.

Los miembros de la iniciativa privada explicaron que será el próximo martes 5 de noviembre cuando el Senado de la República decida sobre el artículo decimoquinto transitorio, sin embargo, hoy se cumple el plazo para que la Ley de Ingresos para 2020 sea enviada al Ejecutivo federal.

“Si el pleno (del Senado) vota en mayoría eliminar esta disposición, queda finiquitado”, explicó Guillermo Rosales. Y confiaron en que así será.

De no ser así, la legalización de los vehículos “chocolate” sería añadida a la Ley de Ingresos para 2020 y los legisladores tendría ocho meses para realizar adecuaciones en busca del ordenamiento de estas unidades en el país.

“Esos ocho meses que pretenden dar de plazo serían catastróficos para el mercado, tomando en consideración que venimos de 28 meses de caídas consecutivas en el sector de ventas de automóviles ligeros”, sentenció Prieto Treviño.

Charín Regules, consejera del Comité de Camiones de la AMDA, comentó a T y T que, el sector automotor confía que el Senado ratificará la eliminación de la disposición, tal como lo hizo el pasado jueves 24 de octubre.

“Es lamentable que ante los riesgos de afectación económica, ambiental, de seguridad y en el empleo formal no se consideren este riesgo tan grave para la industria”, agregó.

En tanto, Eduardo Solis, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), argumentó que el Gobierno federal cuenta con instrumentos legales que permitirían atender de una manera ordenada atender los vehículos ilegales en el país.