Desde 2016, el robo a autotransporte ha registrado incrementos importantes en su incidencia. Desde entonces, el tema comenzó a cobrar relevancia entre las cámaras y asociaciones del sector hasta llegar a la agenda del legislativo y de los tres niveles de Gobierno.

Así, en los últimos años, las autoridades han impulsado acciones que buscan disminuir la incidencia de este delito. Por ello, esta semana, el Termómetro TyT indagó entre éstas para conocer cuál es la más destacada según los seguidores de la cuenta de Twitter @revistatyt.

En primer lugar se ubicó la retipificación del delito, el cual obtuvo 93 de los 211 votos, es decir el 44% del total.

Y es que la tipificación del robo al autotransporte se insertó en la agenda legislativa en 2017, cuando se propuso elevarlo a delito federal. Luego del impulso de esta iniciativa por parte de la CANACAR, CANAPAT, CONCAMIN, ANTP y CONATRAM; fue hasta febrero de 2018 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

El mayor avance conseguido con esta tipificación es la posibilidad de agilizar el proceso de denuncia ante el robo de unidades, pues antes, era necesario hacerlo con procedimientos de cada entidad. Además, en ocasiones, cuando el robo se daba entre los límites de un estado y otro era un problema levantar la denuncia correspondiente.

Ahora, este procedimiento puede hacerse en cualquier agencia del Ministerio Público Federal, desde donde será canalizado al estado correspondiente.

No obstante, el sector siguió promoviendo mecanismos para reducir la incidencia delictiva. En octubre de 2018 se presentó la iniciativa en el Poder Legislativo para que el robo a transporte de carga sea considerado un delito grave, es decir, que el juez pueda ordenar prisión preventiva de oficio en contra de los implicados para garantizar la comparecencia durante el proceso.

Esta propuesta implicó una modificación al artículo 19 constitucional, por lo que requirió el aval de por lo menos 17 Congresos estatales. Así, en abril de este año, el robo a autotransporte pasó a ser considerado un delito grave junto con otros como: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo de hidrocarburos, desaparición forzada de personas, entre otros.

Finalmente, a mediados de este mes, la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobó la minuta que modifica la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para incluir en esta categoría el robo de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado.

Por otro lado, en segunda posición en el Termómetro TyT se ubicó la creación de la Guardia Nacional, la cual logró 48 votos, que representan 23% del total.

Cabe recordar que esta corporación de seguridad es una de las banderas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un mecanismo para poner fin a la violencia en el territorio nacional.

La Guardia Nacional inició operaciones oficialmente en julio pasado con 70,000 elementos en 150 regiones del país. En la Ley de esta corporación, en la que se especifica sus objetivos, composición y atribuciones, se incluyen acciones para salvaguardar la seguridad en las carreteras federales y los medios de transporte que circulen por dichas vías; así como determinar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, incluyendo al autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado.

Incluso está facultada para inspeccionar la entrada y salida de productos y personas en aduanas, recintos fiscales, garitas, puntos de revisión aduaneros y aeropuertos.

En un empate por el tercer lugar, con 34 votos cada uno, logrando el 17% del total, se ubicó el castigo al uso del jammer y el crear vínculos con los empresarios.

El primero viene a propósito de la propuesta que el 19 de septiembre avaló la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados, la cual busca prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de jammers, equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. De aprobarse esta iniciativa, se castigaría con 12 a 15 años de prisión.

Asimismo, recientemente la CANACAR y la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) firmaron un convenio para promover la prohibición del uso y venta de estos dispositivos. En términos generales, este acuerdo busca establecer un enlace único de recuperación de vehículos, generar inteligencia contra el robo al autotransporte a partir de datos compartidos y consolidar un frente común que gestione acciones legislativas como la sanción del uso de estos inhibidores de señal.

Respecto a la vinculación con los empresarios, Jorge Winckler, ex Fiscal General de Veracruz, compartió que en esta entidad con las mesas de coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno y sector empresarial, lograron ubicar los principales puntos de incidencia. Asimismo, ha manejado un seguimiento personalizado de carpetas de investigación a través de un fiscal especializado para el tema y el contacto directo con todos los fiscales regionales del estado se sumaron a esta iniciativa.

Mientras tanto, en el Estado de México, la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) reporta que han implementado chats con las autoridades, el diseño de un mapa de incidencia y coordinación con cuerpos policiacos para aplicar retenes; lo que, si bien no ha reducido la alta incidencia de robo en la entidad, ha ayudado a evitar que la cifra siga aumentando.